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Volumen 17 - Nº 99 Junio - Julio 2007 |
En el recuadro de la página siguiente, que lleva por título ‘¿Negligencia o plagio?’, se relata un hecho que nos ha movido a dedicar este editorial a una cuestión crucial para la actividad académica: la credibilidad de las afirmaciones de sus integrantes. Para demostrar por qué consideramos crucial salvaguardar esa credibilidad –que se basa en la honestidad intelectual y la buena fe de los procedimientos– permítasenos recordar la razón de ser de dicha actividad, qué espera de ella la sociedad y cómo se estructuran las relaciones entre ambas.
Si el propósito de la empresa académica es la creación
y transmisión de conocimiento, resulta obvio que solo se justifica concederle
un lugar en la sociedad y asignarle los recursos necesarios para que subsista
y prospere si el conocimiento que produce y transmite se caracteriza por su
buena calidad y por su relevancia para el bienestar del cuerpo social y de sus
miembros.
Además del respeto y la consideración de la opinión pública
que les quepa merecer a los académicos, se puede esperar que los procesos
de asignación de recursos vigentes en sociedades libres y democráticas
solo destinen medios económicos a su actividad en la medida en que esta
proporcione, en retribución, las nuevas ideas en qué basar innumerables
actividades sociales –tanto productivas como de otra índole–,
transmita a la juventud el conocimiento aceptado, y brinde orientación
al ciudadano sobre las múltiples y complejas cuestiones que lo enfrentan
en el mundo moderno. En otras palabras, para que tenga razón de ser y
pueda subsistir, la comunidad académica debe realizar, dentro de un marco
de rigurosos criterios de calidad y relevancia, las tres funciones clásicas
de la universidad: investigación, enseñanza y extensión.
Seguramente a nadie sorprenderán las afirmaciones precedentes, ni es posible que provoquen demasiadas disidencias o cuestionamientos. Pero si se acepta lo dicho, se advertirá de inmediato que el buen funcionamiento de la empresa académica requiere que se evalúen sus actividades y resultados según dichos criterios rigurosos de calidad y relevancia, algo mucho más espinoso y hasta de aplicación no poco controvertida, a pesar de que existe un sólido corpus de principios aplicables, tanto de índole general como específicos de cada grupo de disciplinas afines, mayoritariamente aceptados en el ámbito internacional lo mismo que por los sistemas académicos de los distintos países.
Los integrantes de la sociedad que reciben los beneficios de la actividad académica, sin embargo, se encuentran con el serio obstáculo de que no están normalmente en condiciones de realizar esa evaluación rigurosa de calidad y relevancia, porque para hacerlo necesitarían disponer de los conocimientos o destrezas que, justamente, procuran obtener de los evaluados. De ahí el conocido recurso al juicio de los pares, pues solo un experto en determinado tema puede juzgar competentemente la labor y los resultados de los demás expertos en el asunto o en asuntos similares.
Como consecuencia de lo anterior, han terminado funcionando dos instituciones que constituyen la piedra angular de las relaciones entre academia y sociedad: la evaluación sistemática y continua de la tarea académica por parte de los mismos académicos, y la confianza de la sociedad en los resultados de ella y, por extensión, en toda la labor académica. La operación de esas instituciones requiere una adhesión inquebrantable por parte de los académicos al principio de honestidad intelectual, así como el apoyar todos los procedimientos de evaluación en la buena fe y confianza mutua en la veracidad de las afirmaciones que cada uno hace.
La forma concreta cómo operan en las diferentes disciplinas dichas instituciones académicas de honestidad intelectual, buena fe y confianza varía en el énfasis concedido a sus detalles. De la misma manera, varían las transgresiones que pueden cometer quienes, por torpeza o dolo, no se atienen a las formas aceptadas y terminan teniendo que enfrentar tribunales de ética o de disciplina académica.
Así, la clásica tentación de los científicos de la naturaleza es falsear, alterar o (en su modalidad más benigna) presentar en forma incompleta o tendenciosa los datos de campo o los resultados de experimentos de laboratorio. Lo mismo vale para ciencias sociales que recurren a encuestas o información estadística. De la misma forma, en las humanidades, la tentación es falsear o alterar textos usados como fuentes, o (en su modalidad más benigna) ignorar argumentos expuestos por autores con quienes se discrepa en materia científica o política.
El esfuerzo internacional de creación de conocimiento se apoya en dicha honestidad intelectual, y en un conjunto de prácticas universalmente aceptadas que apuntan a fortalecerla y a crear confianza, tanto de unos miembros de la comunidad académica en el trabajo de otros, como de la sociedad en general en los resultados de la investigación y de la tarea intelectual. Entre esas prácticas ocupa un lugar central el rigor y la fidelidad en el registro, utilización y comunicación de datos empíricos (en las disciplinas que se basan en ellos) y de las elaboraciones conceptuales de otros pensadores, tanto pasados como presentes. Esto abarca el reconocimiento cuidadoso de las fuentes y el minucioso respeto del trabajo de otros.
La violación de estos principios y de las prácticas por las que se aplican constituye una grave transgresión a las reglas escritas o tácitas de la convivencia académica y de las relaciones de la academia con la sociedad. Es algo que no se puede tolerar.
En el número 37 de Ciencia Hoy, aparecido en 1997, se publicó en las páginas 41 a 52 el artículo ‘Los enclaves forestales de la región chaqueño-misionera’, firmado por Eduardo Bittloch y Horacio Sormani.
Con fecha 24 de marzo de 2007, el comité editorial de la revista recibió una comunicación de dichos autores por la que hacían saber que en la página de Internet <http//historia.fcs.ucr.ac. cr/articulos/2003/ArticuloZarrilli.htm> había un escrito firmado por Adrián Gustavo Zarrilli titulado ‘La explotación forestal de los bosques chaqueños argentinos (1895-1948)’, que reproducía ‘textualmente y en su casi totalidad’ el artículo que ellos habían sacado en Ciencia Hoy, sin reconocimiento alguno del origen del texto, ni señal de que su autor no era el que allí figuraba. Zarrilli daba como filiación académica las Universidades Nacionales de Quilmes y La Plata, en las que revistaba como profesor, y señalaba además su condición de investigador del CONICET.
La mencionada página de Internet llevaba la referencia editorial: Diálogos. Revista electrónica de historia. Aparecía como responsable de ella la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. El artículo cuestionado se publicó en una sección virtual llamada ‘Historia, ambiente y sociedad’.
Ciencia Hoy dirigió un pedido de aclaración al director de la revista electrónica, Juan José Marín Hernández, quien contestó en forma inmediata y amable. En su respuesta explicó que, hasta donde estaba enterado, el artículo había sido escrito por quien figuraba como su autor (es decir, Zarrilli), y que desconocía que pudiese haber sido publicado antes. Transcribió la política editorial de la revista, que se podía consultar en <http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/ dialogos.htm>, cuyo contenido se ajustaba a prácticas académicas ampliamente difundidas sobre originalidad del material, reconocimiento de fuentes, libertad de acceso y reproducción para usos no comerciales.
No mucho después Ciencia Hoy recibió una nueva comunicación del doctor Marín Hernández informando que la razón de la irregularidad residía en que se había producido involuntariamente un ‘error con la citación’. Explicó que ‘se procedió tanto a realizar la aclaración del caso como la corrección del artículo’ y que la nueva versión figuraba en <http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2003/4vol4_n2zarrilli2.htm>. Por su lado, Zarrilli dirigió a nuestra revista un pedido de disculpas y aclaró que el error residió en que mandó a la publicación electrónica costarricense ‘un primer borrador del texto (sin corrección) en lugar del definitivo’. Agregó que no hubo de su parte ‘mala intención’, ni el propósito de ‘aprovechar la situación o no querer citar el texto adecuadamente’.
Al examinar el texto corregido publicado por Diálogos. Revista electrónica de historia, Ciencia Hoy advirtió que el cuerpo del artículo (a exclusión de las notas, que eran 66) tenía unas 16.800 palabras. De ellas, unas 4700 correspondían a la reproducción casi textual del artículo de Bittloch y Sormani, incluido un recuadro que fue parte de dicho artículo, tomado del libro de Eduardo Míguez Las tierras de los ingleses en la Argentina 1870-1914 (Editorial de Belgrano, 1985), según allí se indicaba. No había marcas que diferenciaran los párrafos escritos por Bittloch y Sormani de los que se debían a la pluma de Míguez, y en los segundos habían desaparecido múltiples indicaciones de pasajes omitidos, que contenía el trabajo de los nombrados.
Además, Zarrilli había omitido el título del artículo de Bittloch y Sormani y puesto en su lugar un subtítulo de su escrito. No había usado comillas ni realizado cambios tipográficos que llevasen al lector a advertir que ese largo bloque de texto se diferenciaba del resto. Usó, sin embargo, ambos recursos para pasajes citados de diversas fuentes en otros lugares de su escrito. En varias ocasiones había cambiado la división en párrafos de Bittloch y Sormani, y en otras introducido subtítulos. Había omitido algunos pasajes de la nota publicada en Ciencia Hoy (alrededor de unas 1200 palabras en total) y agregado unas pocas citas bibliográficas, entre ellas una propia. Aquí y allá se advertía algún error de transcripción.
A modo de reconocimiento de origen, en la versión corregida del texto electrónico (algo que no estaba en la versión inicial) había ocho llamadas, que remitían a notas al final: siete de ellas citaban el artículo de Bittloch y Sormani aparecido en Ciencia Hoy, y la octava, el libro de Míguez. En un caso la llamada estaba en medio de un párrafo; en los restantes, al final. No se advertía con qué criterio quedaban distribuidas ocho llamadas en una treintena de párrafos tomados de una misma fuente. Un lector desprevenido, pero conocedor de las prácticas de citación habituales en el medio académico, hubiese concluido que Zarrilli era el autor de todo el texto, y que en algunos lugares tuvo el cuidado de indicar trabajos que también trataron el tema. Nada llevaba a pensar que casi el 30% de su escrito había sido copiado palabra por palabra de autores discretamente relegados a las notas.
En síntesis, aun la segunda versión del artículo de Zarrilli difundida por Diálogos. Revista electrónica de historia, en la que ‘se procedió tanto a realizar la aclaración del caso como la corrección del artículo’ (para no mencionar la primera versión), omite dejar en claro que una parte significativa del trabajo no es original del autor que lo firma. Tratándose de una publicación del ámbito universitario y de un autor que pertenece profesionalmente a la comunidad académica, no cabe el atenuante de ignorancia de las convenciones editoriales que rigen internacionalmente el reconocimiento de autoría y la propiedad intelectual.
Ciencia Hoy lamenta tener que comunicar a sus lectores los episodios relatados. Lo hace por tres razones. La primera (a la que damos menos importancia relativa) es que constituyen una violación de los derechos de propiedad de la Asociación Civil Ciencia Hoy. Que esta esté dispuesta a autorizar con liberalidad la reproducción, a pedido y para fines no comerciales, del material que publica (como lo dice explícitamente una leyenda reproducida en cada número), no significa que ello se pueda hacer sin solicitar autorización, cosa que ni el doctor Zarrilli ni Diálogos hicieron. Además, es perfectamente obvio que, con o sin autorización expresa, los materiales de cualquier fuente que sean reproducidos deben quedar inequívocamente identificados como tales, cosa que tampoco sucedió. Sin juzgar sus intenciones, se haya tratado de un honesto error o haya existido dolo, haya sido una situación de negligencia o una de plagio —algo que no nos sentimos autorizados a juzgar—, la conducta irregular de los nombrados nos ocasiona, por lo menos, un perjuicio moral.
La segunda razón para poner el caso en conocimiento de nuestros lectores es que los acontecimientos relatados atentan en forma mucho más grave contra los legítimos derechos de propiedad intelectual de los verdaderos autores del texto copiado. Por razones de elemental justicia, Ciencia Hoy apoya incondicionalmente sus reclamos y les expresa categórica solidaridad en este episodio.
Estas dos razones, a pesar de su importancia, solo indican la existencia de un conflicto entre particulares y, seguramente, no hubiesen bastado, por sí solas, para ventilar públicamente el caso. Hay, sin embargo, una tercera razón, que convierte al conflicto privado en una cuestión de orden público para la comunidad académica. Sucede que el caso relatado vulnera uno de los bienes más valiosos de los miembros de dicha comunidad: su credibilidad. Nuevamente, aun aceptando que no hubo ‘mala intención’, ni el propósito de ‘aprovechar la situación o no querer citar el texto adecuadamente’, la realidad es que descubrir que un autor que exhibe las más altas credenciales académicas y una publicación universitaria transmiten información equívoca en cuanto a la autoría de un trabajo, lleva a perder confianza en todo el andamiaje conceptual que subyace al trabajo mismo, y, por extensión, a perderla en la labor de los académicos de la disciplina, por no decir de los académicos en general. A esta cuestión se dedicó el editorial que antecede.
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