Al mandar a imprenta este primer número de 2007, los editores de Ciencia Hoy se preguntan –como también lo harán, seguramente, muchos lectores de la revista– qué tratamiento les cabrá a los temas de educación superior, ciencia, tecnología y cultura en las plataformas electorales de los políticos, cuando, dentro de poco, estos proclamen sus candidaturas para competir en las próximas elecciones nacionales y provinciales. Parece oportuno, pues, poner sobre el tapete algunos de los interrogantes que, en los últimos tiempos, más afloran en las preocupaciones de la comunidad académica.

Antes de hacerlo, sin embargo, se imponen dos aclaraciones. La primera es que nos referiremos a cuestiones universitarias, científicas, tecnológicas y culturales, con prescindencia de todas las demás, porque esta es una revista de divulgación científica. No queremos dar a entender que tales cuestiones deban inevitablemente tener en los planes de gobierno y las políticas públicas una prioridad más alta que todo el resto. No se interprete este editorial como un reclamo corporativo. Tenemos clara conciencia de que otras urgencias deben también solicitar la atención de los ciudadanos, de sus mandatarios electos y de los funcionarios que estos designen. Estamos seguros, incluso, de que algunas de esas otras cuestiones –la educación básica, la distribución del ingreso, el cuidado primario de la salud, para solo poner tres ejemplos– serían consideradas tan prioritarias por buena parte de nuestros lectores.

La segunda aclaración, concordante con lo anterior, es que creemos necesario que los políticos indiquen, sin eufemismos, sus reales prioridades, y que presenten plataformas electorales que no consistan en un conjunto de maravillosos objetivos cuya magnitud y ambición los hacen inalcanzables, sino en medidas concretas, financiables con recursos disponibles y ejecutables en plazos a ser señalados. Con estas aclaraciones, veamos qué asuntos universitarios, científicos, tecnológicos y culturales esperaríamos que incluyeran las plataformas electorales.

A la cabeza de las preocupaciones de la comunidad académica posiblemente haya que poner a la cuestión universitaria, a la que hemos dedicado más de un editorial de Ciencia Hoy. Hay amplio acuerdo entre los integrantes de dicha comunidad –lo mismo que en la opinión pública general– en que el sistema universitario adolece de marcadas deficiencias. Los indicadores habituales con que se miden los resultados de la tarea universitaria arrojan valores decepcionantes, tanto en materia de la educación que reciben quienes acceden a los estudios, como por el número de estos con relación al total de la población de la edad relevante, para no mencionar la exigua proporción de egresados comparados con los ingresantes. Por otra parte, el gobierno anunció su intención de promover una reforma de la ley de educación superior, cuya versión actual fue cuestionada en estrados judiciales por la UBA. Además, el financiamiento de las universidades nacionales crea serias dificultades al conjunto de estas, tanto por razones de insuficiencia de los recursos totales como de su forma de distribución entre instituciones. Y para complicar aún más las cosas, las formas de gobierno de esas universidades no están resultando adecuadas para hacer un uso eficiente de los presupuestos disponibles, para promover la obtención de mayores recursos y para producir una modernización acorde con la evolución académica mundial. Están, en realidad, produciendo todo lo contrario: convirtiendo a las universidades en un escenario más del ejercicio de la política de partidos, y a sus cargos directivos en trofeos de la puja por el poder.

Conviene recordar que si bien en número las universidades estatales son comparables a las privadas, atienden a una porción mayoritaria de la matrícula y concentran casi la totalidad de la investigación científica y de la producción académica original en ciencias, humanidades y tecnológica.

Las posibles formas de corrección de estos rasgos negativos hacen aflorar inmediatamente tanto cuestiones conceptuales o ideológicas, como fuertes intereses corporativos y las mencionadas pujas por el poder político. Está en juego en esto la vieja y muy importante cuestión de la libertad académica, que adoptó en estas tierras una forma algo distinta (y no necesariamente mejor), conocida con el nombre de autonomía universitaria. Ella subyace, por ejemplo, a las discusiones entre universidades estatales y gobierno sobre el presupuesto que este asigna a aquellas, lo mismo que a los desacuerdos sobre muchas disposiciones de la ley de educación superior. Está, además, el enojoso asunto del arancelamiento de los estudios, que esconde, en realidad, una no menos enojosa lucha distributiva, con sus dos caras: la de quienes enarbolan la bandera de la equidad para aferrarse a sus privilegios, y la de quienes quedan excluidos de las oportunidades que tienen los demás por su marginación económica.

No menos dominante en las preocupaciones de los académicos es la investigación científica, que tiene en el país una distinguida tradición pero cuyo ejercicio actual se realiza en condiciones poco favorables. Igual que con la educación superior, los indicadores generalmente aceptados como medida de la producción científica alcanzan valores de los que nadie se siente orgulloso. De la misma manera, existe amplio acuerdo en que el organismo oficial promotor de la actividad, el CONICET, ha perdido la eficiencia que tuvo cuando nació hace casi medio siglo. Si bien el remedio que suele recomendarse con mayor frecuencia para este estado de cosas –el incremento del presupuesto estatal destinado a la investigación– seguramente tendría efecto positivo, sobre todo si hace más atractivos los salarios de los investigadores, en nuestra opinión es insuficiente.

Entre las cuestiones a encarar se cuentan cómo evitar la emigración de los mejores e, idealmente, lograr la repatriación de los que se fueron y todavía son relativamente jóvenes, acción que estuvo en la base del renacimiento de la ciencia en la Argentina cuando se creó el CONICET. Ello no se logrará solo con sueldos razonables, sino que requiere instituciones abiertas, acceso competitivo a dinero para gastos de investigación, promoción más por mérito que por antigüedad, y fuertes incentivos para la producción de calidad (que equivalen a limitar la permanencia en el sistema de quienes no alcancen niveles adecuados de rendimiento). Ciertas características actuales de la carrera del investigador científico constituyen obstáculos al logro de tales propósitos. Nos referimos, por ejemplo, a los tiempos mínimos de permanencia en cada categoría de la carrera, que inevitablemente llevan a la posibilidad de recibir subsidios y dirigir becarios solo después de los 40 años. Sería, en realidad, conveniente reducir a tres las categorías de la carrera del investigador, pues las actuales cinco ocasionan una permanente búsqueda de antecedentes para la promoción; es decir, conducen a publicar mucho y rápido, en detrimento del estudio profundo de los temas.

Sin duda, los cincuenta años de existencia han traído su carga de vicios al CONICET, cuyas formas de corrección serían buenos temas para las plataformas electorales. Uno de esos vicios es la pérdida de productividad de institutos inicialmente productivos. Quizá una manera de remediar esto fuese que los institutos (unidades ejecutoras, en la jerga actual) dejen de ser estructuras permanentes y tengan una existencia limitada, por ejemplo, a seis años, renovables si una evaluación externa encontrara razones suficientes para recomendarlo. Otro de los vicios a combatir es la tendencia universal a rechazar candidatos externos a las instituciones para ocupar posiciones superiores vacantes. Esta endogamia, con su vicio asociado de nepotismo, tiene otra manifestación: asignar los recursos para investigación menos por la calidad del plan de trabajo que por los antecedentes del solicitante, lo que tiende a convertir a los subsidios en premios a la tarea pasada más que en estímulos a la producción futura.

Existen en la Argentina instituciones que han perdido el rumbo. Algunas tuvieron enorme peso en el sistema científico-tecnológico y ahora parecen avanzar sin pausa hacia la irrelevancia. El caso paradigmático es la Comisión Nacional de Energía Atómica, para la que este proceso lleva más de una década y, según cómo se mire, podría haber empezado hace casi 20 años. Ello no deja de ser paradójico en momentos en que el gobierno anunció el lanzamiento de un nuevo plan nuclear que, sin duda, ni la institución en su forma actual ni nadie más en el país tendrían capacidad de formular ni, mucho menos, ejecutar.

Las menciones de la CNEA y de la piadosa fantasía del nuevo plan nuclear argentino, unidas a algún otro anuncio gubernamental no menos ingenuo e ilusorio, como el tren-bala entre Rosario y Buenos Aires, llevan a plantear un tema adicional que quisiéramos ver aparecer en las plataformas electorales: la educación e investigación tecnológicas. El debate entre las llamadas ciencia básica y aplicada podrá ser de índole académica, pero la asignación de recursos y el apoyo que necesitan estas actividades constituyen materia política. La antigua educación técnica en los niveles secundario y terciario no universitario, la formación tecnológica en la universidad y la investigación en tecnología deben estar entre las áreas más descuidadas del sistema educativo y científico.

También entra de manera dominante en las preocupaciones de la comunidad académica la modernización de los sistemas de información, en particular el acceso electrónico a las publicaciones científicas y la conexión a redes teleinformáticas avanzadas. Si bien ambas cuestiones son altamente técnicas, no pueden resolverse de manera eficiente por medio de decisiones individuales y descentralizadas de cada institución académica, casa de estudios o centro de investigación: se necesita definir una política nacional, que luego puede ejecutarse en forma descentralizada. Y no se trata de algo trivial, pues es requisito inevitable para formar parte de la vanguardia del mundo actual del conocimiento.

Relacionado igualmente con la información, pero en ámbitos normalmente asociados por el público y los políticos con la cultura, creemos oportuno mencionar dos instituciones cuya decadencia ha sido sistemática y cuya situación actual no responde ni a sus objetivos institucionales ni a lo que el público supone que son y espera que sean. Se trata del Archivo General de la Nación y de la Biblioteca Nacional. Ambas son instituciones antiguas cuyo propósito no ha perdido vigencia en el mundo presente. Ambas tienen funciones esenciales que cumplir en una sociedad civilizada. Ninguna las está cumpliendo. ¿Podemos hacer el esfuerzo de recuperarlas? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Podemos darnos el lujo de perderlas? En esto, como en los otros temas que mencionamos, nos gustaría conocer las ideas de los políticos y analizar sus propuestas.