Volumen 16 - Nº 93 Junio-Julio 2006

Al redactar el editorial del número anterior, llamado ‘La universidad argentina hoy’, escrito con motivo de la entonces inminente reunión de la Asamblea Universitaria para elegir nuevo rector de la Universidad de Buenos Aires, afirmamos que para cuando ese texto llegara a manos del lector, lo más probable sería que la elección ya se hubiera realizado. Pero el texto llegó al lector, pasaron las semanas –y el momento de escribir un nuevo editorial arribó para Ciencia Hoy– y la elección sigue sin llevarse a cabo. Se podría, sin duda, aprovechar la oportunidad para reflexionar acerca de las escasas dotes proféticas de los editorialistas de la revista, tema que con toda probabilidad el lector encontraría considerablemente menos interesante que el de la situación de la universidad argentina, comenzado a tratar en aquel editorial y mantenido vigente por las inconclusas vicisitudes de la renovación de autoridades de la UBA.

Señalamos entonces la generalizada convicción de que la universidad argentina […] adolece de serias deficiencias, que exceden la recurrente queja sobre la insuficiente financiación provista por el Estado nacional. También indicamos que las causas de esas deficiencias se suelen buscar en diversos lugares –la escasa formación recibida en los colegios por los ingresantes, la injerencia de la política nacional, la desatención financiera, entre otras–, pero raramente en la universidad misma, donde, sin embargo, se advierten circunstancias que no dejan de contribuir a ella. Entre estas –sugerimos– está la confusión o desacuerdo sobre la índole de la universidad, que da lugar a conflictos entre la misión académica y la función social de la institución, lo mismo que a tensiones en torno al financiamiento y la gratuidad de los estudios para los estudiantes. También está la inadecuación de las formas de gestión y gobierno de la universidad para cumplir con su cometido institucional, algo que se puso de manifiesto de forma dramática en los conflictos desencadenados por la presente sucesión rectoral, y que merece dedicarle el presente editorial, enfocado en la UBA, pero con rasgos que, por extensión, podrían ser aplicables en algunos casos a otras universidades nacionales.

En su forma actual, dos características llaman la atención cuando se analiza el gobierno y la administración de la UBA. Ambas, tomadas juntas y aplicadas a una institución de su tamaño, parecen escasamente funcionales para el buen funcionamiento de una universidad moderna. Se trata del sistema de elección de autoridades, cuyas formas y procedimientos siguen los usados para elegir a los gobernantes en los regímenes republicanos actuales, y la extrema centralización de las decisiones, tanto de conducción como de gestión.

Los rasgos negativos del sistema de elección de autoridades residen en que este favorece el predominio de los intereses de grupo por sobre la búsqueda del mejor cumplimento de la misión académica de la institución, y lleva a que la actividad política interna adquiera fuerte preeminencia, bajo formas que no difieren mucho de las de la política nacional, como la lucha por el poder entre grupos que defienden intereses de diversa índole, incluso económicos. Al mismo tiempo, dada la importancia de la UBA en la sociedad argentina, su política interna así concebida adquiere vínculos con la política nacional, lo que la aleja aún más de la posibilidad de orientar sus esfuerzos a los objetivos académicos de la institución.

Es interesante advertir que, en el conflicto actual, los grupos que pasaron a la vía de los hechos, y que impidieron hasta el momento la celebración de la Asamblea Universitaria, también señalan la inadecuación del sistema universitario de gobierno, pero sobre la base de un diagnóstico diametralmente opuesto al indicado aquí. Según su análisis, el gobierno de la UBA no es suficientemente ‘democrático’, por lo que su solución sería avanzar aún más en la dirección de que funcione como una micro república política. Ello, en nuestra opinión, fortalecería adicionalmente los vicios de patológica politización que indicamos.

El segundo rasgo negativo –la centralización de las decisiones directivas y administrativas– es, en parte, consecuencia del primero, pues el corolario de luchar por el poder es pretender ejercerlo con intensidad cuando se accede a él e impedir que los miembros se escapen del rígido control ejercido por la cabeza. En otra parte, esa centralización resulta de la ambigua situación de las universidades estatales, que se proclaman ‘autónomas’ pero están sujetas a los controles que rigen para la administración pública. Las universidades muchas veces rechazan esos controles en nombre de dicha autonomía universitaria, pero, al mismo tiempo, se ven obligadas a cumplirlos, a pesar de ser poco adecuados para sus necesidades. Así, paradójicamente, el ámbito universitario, que, por la índole de las actividades allí realizadas, requiere dar a sus integrantes la mayor libertad de acción y solo controlarlos por los resultados que logren, está sujeto a un autoritarismo burocrático comparable con el de instituciones tradicionalmente verticalistas.

Las consecuencias de este doble conjunto de características negativas son ubicuas. Sin ir más lejos, y para tomar un solo ejemplo, impiden la normal designación y remoción de profesores sobre la base del desempeño de sus funciones académicas, pues el proceso adquiere unas dimensiones políticas y burocráticas, y queda sujeto tanto a las luchas internas por el poder y la manipulación por grupos de interés, como a un trámite de concurso público de tal formalidad, que para una fracción importante del claustro no se ha cumplido y condujo a que esos docentes se desempeñen con designaciones interinas (que para no pocos se vienen renovando desde hace años). Como consecuencia, se trata de profesores que, por un lado, fueron designados por caminos distintos de los normales (se puede pensar que accedieron a sus responsabilidades con menos exigencias, pero tal vez no siempre sea así) y, por otro, no pueden ejercer todos sus derechos estatutarios (como elegir a profesores y ser elegidos por estos para integrar los consejos), aunque deban enfrentar todas las responsabilidades académicas de un profesor regular. En tal sentido, tienen fundamento las críticas de falta de representatividad del gobierno universitario que hacen los activistas mencionados más atrás, pues ese conjunto de profesores no puede participar en un pie de igualdad con quienes, en gran medida, son sus pares.

En la argumentación del párrafo anterior no hemos tomado en cuenta la incidencia de otra situación muy seria, que conviene tener presente como telón de fondo de la explicada: la creciente irrelevancia del profesorado en la vida de la UBA. La penosa escasez de recursos, comparada con la vigorosa expansión del alumnado, y la cada vez menor atracción de la profesión académica, han alterado la proporción de profesores con relación a auxiliares docentes, aun incluyendo entre aquellos a los interinos y de baja dedicación, de suerte que hoy la responsabilidad de la enseñanza en la UBA cae dominantemente sobre los hombros de los auxiliares (y dejamos de lado las consecuencias de esto para la investigación).

Independientemente de cuándo y cómo se salga del actual trance de la UBA, se puede concluir que hay cuestiones más profundas que reformar que el mecanismo de designación del rector, las que, incluso, van bastante más allá del inadmisible comportamiento de algunos de sus integrantes de recurrir a la fuerza para forzar decisiones que no conseguirían por las vías institucionales. Lo que está en crisis, a nuestro juicio, es la estructura misma de la institución y su forma de gobierno, algo de un carácter tan radical que no admite soluciones simples ni, seguramente, indoloras. Y tampoco existe un mínimo acuerdo acerca de la dirección que podría tomar una reforma. Por ello, nuestra sugerencia es que, en lo inmediato, intentemos concentrarnos en analizar algunas posibilidades que resultan sugeridas por los rasgos principales del diagnóstico esbozado en este editorial y el precedente.

Así, si es causa de tensión la convivencia incómoda de tres concepciones de universidad, habría que considerar separarlas en instituciones distintas: por un lado, una universidad predominantemente científica y académica, por otro, una constelación de escuelas profesionales, y, finalmente, un conjunto de escuelas técnico-profesionales. Se podría pensar en entidades enteramente independientes o en una federación cuyos componentes estén ligados por uniones débiles. Cada parte del conjunto luego podría encontrar modos de funcionamiento que se adapten a sus características.

Si elegir las autoridades universitarias por los procedimientos propios de los modernos regímenes políticos republicanos conduce a resultados en pugna con las necesidades del buen gobierno académico, habría que considerar formas alternativas, de las que en el mundo se han ensayado muchas razonablemente eficaces. Así como resulta difícil aceptar que una universidad pueda cumplir bien su misión si quienes enseñan son mayoritariamente los auxiliares docentes, resulta igualmente incomprensible que se pueda hacer funcionar bien una institución del tamaño y complejidad de la UBA si quienes la gobiernan no son académicos profesionales. Desde nuestro punto de vista, es inadmisible que rector, decanos y secretarios académicos, con funciones definidas como lo están hoy, puedan ser profesionales de otras actividades que la académica, tanto por razones de idoneidad para el cargo (cosa que, lo admitimos, habría que juzgar caso por caso) como, quizá más importante, por los fuertes conflictos de intereses que tal situación puede generar para quienes ejercen su profesión. Aquí, otra vez, aparece el obstáculo de la escasez de académicos profesionales, entre nosotros normalmente denominados profesores full-time. Dicha escasez puede justificar la aceptación, por un tiempo, de soluciones alejadas de lo deseable, pero no puede ser razón para convertir la excepción en norma.

A nuestro juicio, el principio de que el gobierno de las instituciones académicas debe ser ejercido, como regla general, por académicos, vale para todas ellas, aun para las escuelas profesionales o técnico-profesionales, que no están orientadas a las ciencias y las humanidades por sí mismas, sino a la capacitación para el ejercicio de diversas profesiones extra académicas. Sin duda, en esas escuelas es imprescindible la participación de quienes ejercen con éxito las respectivas profesiones, tanto en aspectos específicos de la enseñanza como en cuerpos colectivos de dirección, pero es igualmente imperativo que las responsabilidades últimas de gobierno caigan en académicos profesionales.

La distancia que media entre la situación actual y las iniciativas de reforma a que conducen los criterios expuestos es enorme. Si estamos convencidos de que la crisis no se limita a la circunstancial dificultad de elegir nuevo rector, sino que reside en la estructura institucional misma de la UBA, y de que sin un cambio estructural no hay mucha posibilidad de superar esa crisis, ¿no sería hora de analizar reformas del tipo de las esbozadas?

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