Volumen 16 - Nº 92 Abril-Mayo 2006

Cuando se escribía este editorial, la Universidad de Buenos Aires entraba en el período de intensa actividad electoral que, por lo común, precede a la renovación de su consejo superior y a la reunión de la Asamblea Universitaria para elegir nuevo rector, en coincidencia con el fin del lapso estatutario de desempeño de los integrantes de aquel cuerpo y de quien ocupa este cargo. Para el momento en que estas líneas lleguen a manos del lector, lo más probable es que esas elecciones ya se hayan realizado.

Campañas electorales como la indicada se repiten, algo antes, en cada una de las facultades de dicha universidad, con la respectiva elección de consejos directivos y decano, y tienen lugar de manera semejante en las demás universidades nacionales. Proporcionan periódicamente a los integrantes de la comunidad universitaria una buena oportunidad para reflexionar sobre el estado y la marcha de la institución a que pertenecen –y de la universidad argentina en general–, y para expresar opiniones que, muchas veces, recogen los medios. Tal reflexión no estuvo ausente en el caso que se comenta, y las opiniones que se oyeron –más allá de los juicios positivos o críticos sobre la gestión del rector saliente (candidato a ser reelegido)– pusieron de manifiesto la convicción general de que la universidad argentina, y en particular, la universidad pública, adolece de serias deficiencias, que exceden la recurrente queja sobre la insuficiente financiación provista por el Estado nacional.

El descontento con el estado de la universidad no es exclusivo de la Argentina, ni lo son las deficiencias advertidas en estas latitudes. Aunque su grado es variable entre países, aquí alcanzan niveles que están entre los más altos, incluso tomando en cuenta las diferencias de riqueza entre las sociedades. Prácticamente en todos los países, aun los más adelantados, se advierte una tensión entre cantidad de estudiantes a atender (en todas partes mal preparados por los colegios) y calidad de los estudios, igual que entre costo y medios financieros disponibles. También es usual observar desconexión entre estudios académicos y requerimientos profesionales, lo mismo que constatar que las decisiones tomadas por los gobiernos universitarios muchas veces responden a intereses de grupos particulares más que al cumplimiento de la misión de la universidad.

Los principales defectos señalados por quienes analizan el desempeño presente de la universidad argentina se refieren a la menguada calidad académica de gran parte de los estudios, con la consiguiente pobreza de preparación de los egresados, a la falta de relación de la capacitación impartida con las necesidades del mundo laboral, a la escasa y poco relevante creación de conocimiento, a la crecida proporción de estudiantes que abandonan los claustros sin obtener su diploma, a los masivos números que procuran ingresar en las aulas (los que, sin embargo, no incluyen a la mayoría de los integrantes de cada cohorte de edades), al peso de la política partidaria o de grupos corporativos en el gobierno de las instituciones y otros. Entre las causas invocadas para explicar tan poco alentador estado de cosas no dejan de repetirse la mencionada falta de presupuesto, la ineptitud del sistema escolar de proporcionar una buena educación básica y media, y la injerencia indebida de los gobiernos nacionales, en violación de la llamada autonomía universitaria. Rara vez se comienza por buscar causas del trastorno dentro de la universidad misma, algo que sería muy aconsejable hacer y sobre lo que propondremos algunas líneas de reflexión.

La primera de esas líneas se refiere al concepto mismo de universidad, cuestión que se discute desde la creación de las primeras de tales instituciones en la Europa del avanzado medioevo. Sin necesidad de trazar el acostumbrado panorama histórico (que para la situación argentina debería detenerse menos en la universidad medieval que en las escuelas profesionales napoleónicas, la universidad humboldtiana y la ‘multiversidad’ norteamericana), analizando la UBA actual y escuchando a sus integrantes –lo que puede tomarse como un microcosmos de la universidad argentina– es posible concluir que el término universidad designa cosas muy diversas y hasta contradictorias, pero se lo utiliza habitualmente como si se refiriese a una sola. Quizá se podría agrupar esa variedad de significados en tres categorías, cuyos límites no son tajantes. Una es la investigación y enseñanza de las ciencias y las humanidades, realizadas con una alta exigencia en cuanto a calidad, y de acuerdo con los patrones internacionalmente aceptados de cada disciplina. Es la universidad científica o académica, representada en la UBA por un par de facultades (como Filosofía y Letras o Ciencias Exactas y Naturales) y por institutos y departamentos de varias otras (Agronomía o Farmacia y Bioquímica, por citar dos sin ánimo excluyente). Esta faceta de la universidad tiene fuertes vínculos con las entidades de promoción de la ciencia (como el CONICET o la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica) y con universidades y centros de investigación extranjeros.

El segundo significado del concepto de universidad corresponde a la capacitación para el ejercicio de profesiones liberales (tradicionales o nuevas) que requieren un sólido basamento científico, humanista o tecnológico (medicina, derecho, arquitectura o ingeniería, para citar las más obvias). Es posiblemente la clase de universidad en la que piensa la mayoría, y en la que busca ingresar el grueso de los aspirantes. Es, también, aquella parte de la institución universitaria sobre la que más suelen arreciar las críticas por la deficiente calidad de la enseñanza, la mediocridad de los docentes y el bajo rendimiento de los egresados.

La tercera categoría universitaria se refiere a la capacitación para profesiones que no requieren una amplia formación de base en ciencias, humanidades o tecnología, y cuyos programas de estudio tienen, en consecuencia, menos duración, un carácter menos académico y una orientación más directa al mercado de trabajo. Se trata de estudios que muchas veces entraron casi furtivamente en las universidades tradicionales y sobreviven incómodamente en presencia de las otras dos categorías, por lo que sería necesario darles un lugar en que pudiesen prosperar sin recibir interferencias de estas y sin constituirse en un obstáculo para ellas. Téngase presente que cuanto más alta sea la proporción de jóvenes que accedan a la universidad, más crecerá el número de quienes buscan esa clase de estudios. En una universidad a la que concurre el 5% de cada grupo de edades, es posible que la mayoría quiera y pueda dedicar 10 o 12 años a obtener el doctorado: si ese valor se elevara al 80%, un número importante no querría ni podría siquiera alcanzar una licenciatura de 4 o 5 años, pero buscaría y debería recibir una capacitación de buena calidad de 2 o 3 años en el área profesional de su elección.

El reconocimiento explícito por parte de la universidad de esta compleja situación permitiría aliviar la tensión actual entre el importante objetivo de poner los estudios universitarios al alcance de una proporción creciente de la población, y el no menos importante de promover la calidad de la enseñanza y la relevancia de la investigación, o entre la misión social y la misión académica de la universidad. Nótese, para dar solo un ejemplo, que las exigencias de ingreso pueden ser distintas para cada una de estas categorías de estudios, cosa que hoy se hace difícil. La mencionada tensión es parte de conflictos más amplios que se vinieron manifestando en la última década entre algunas universidades nacionales (sobre todo la UBA) y las autoridades educativas del gobierno nacional, en los que aquellas levantaban los estandartes de la autonomía universitaria y estas los de la función social de la universidad.

El reconocimiento de esta diversidad también sería un buen punto de partida para una reorganización institucional y una reforma de normas y procedimientos, sobre todo si va acompañado por una visión renovada de esos dos conceptos básicos: autonomía y función social, como quizá parece insinuarse en la perspicaz afirmación de uno de los candidatos a ocupar el rectorado de la UBA, de que esta ‘es autónoma, pero no es soberana’.

Estos conceptos de autonomía y función social no se discuten solo en términos teóricos, sino por su relación con algunas de las decisiones políticas más cruciales, como la vinculada con el financiamiento. Esta es una segunda línea de reflexión, que sin duda también requiere una nueva mirada, orientada a advertir la complejidad conceptual y fáctica que subyace al concepto de gratuidad de la enseñanza, la bandera progresista más venerada por generaciones de dirigentes universitarios.

Por de pronto, sería saludable una desapasionada reflexión sobre los propósitos de esa gratuidad, con el fin de aplicarla de la manera más apta para lograrlos. Es posible que haya consenso en afirmar que –usando términos actuales– uno de esos propósitos sea la igualdad de oportunidades. Si así fuere, hay que reconocer que la mera gratuidad se queda muy corta, pues las diferencias que se establecen entre quienes deben trabajar para mantenerse y quienes no necesitan hacerlo son tan grandes, que en poco cambia la situación de los primeros el hecho de no tener que pagar un arancel. Este argumento, como es obvio, no apunta a defender el arancel sino la provisión de becas de subsistencia.

Pero la igualdad de oportunidades quizá no fuese el único propósito que sea adecuado perseguir. Si la educación de alguien, en cualquier nivel de enseñanza, proporciona beneficios a toda la sociedad que exceden los que recibe el individuo, en especial, exceden los que poseen para este valor de mercado, entonces la gratuidad para él (a costa de la sociedad) tiene un sólido fundamento. De aquí se deduce que otro propósito de la gratuidad sería crear beneficios que excedan los que recibe y puede vender la persona que se educa, lo que lleva a advertir que ello no sucede por igual con todo tipo de estudios, según las disciplinas y los niveles (como ejemplo, compárese la formación de enfermeras o profesores de enseñanza primaria con la especialización de abogados en derecho de empresa). En materia de gratuidad, la claridad del análisis es necesaria para evitar terminar defendiendo un privilegio regresivo para la distribución social del ingreso: el de los hijos de las familias que los pueden mantener, o quienes buscan una capacitación profesional que les dará acceso a posiciones laborales de alta remuneración, es decir, aquellos grupos que tradicionalmente concurrieron y siguen concurriendo mayoritariamente a la universidad.

Otra línea de reflexión que valdría la pena considerar se refiere a la forma de gobierno y de gestión de la universidad pública. Las quejas sobre la influencia indebida de los intereses políticos o partidarios y de grupos corporativos, más conflictos diversos de índole más técnica (y, por ello, poco visibles) entre las universidades y órganos de control del Estado nacional, indican que los actuales sistemas distan mucho de la mínima eficiencia requerida. Pero la magnitud y complejidad de este tema requeriría, por lo menos, dedicarle otro editorial.

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