Volumen 16 - Nº 91 Febrero-Marzo 2006

Dos proyectos industriales de considerable importancia han venido ocupando a lo largo de varios meses los titulares de diarios argentinos y uruguayos. Por lo común, los medios se refieren a ellos como las ‘papeleras’ del río Uruguay, y se ocupan, sobre todo, del sonoro rechazo de la iniciativa por agrupaciones ecologistas que, últimamente, procuran llamar la atención y forzar medidas gubernamentales generando trastornos como el corte de las rutas y el bloqueo de dos puentes internacionales sobre dicho río.

Las dos plantas –cuya construcción avanza– no producirán papel sino la pasta de celulosa que sirve para fabricarlo. Una, llamada Celulosa Mbopicuá, pertenece al grupo empresario español ENCE (antes Empresa Nacional de Celulosa de España) y está ubicada sobre la costa del mencionado Uruguay, que en ese punto corre de este a oeste, unos 12 km aguas arriba de la localidad oriental de Fray Bentos, de alrededor de 23.000 habitantes. Producirá 500.000 toneladas anuales de pulpa, con madera de eucaliptos de 63.000 hectáreas de plantaciones iniciadas hacia 1990 por la misma empresa, el segundo productor mundial de pulpa de esos árboles. La pulpa será exportada (en lugar de la madera, que la firma exporta ahora) para fabricar papel.

La segunda planta, llamada Orión, pertenece al grupo finlandés Botnia y está ubicada unos 5 km aguas arriba de Fray Bentos. También se encuentra sobre la costa del río, en un predio vecino al puente internacional que cruza al paraje argentino de Puerto Unzué. Producirá un millón de toneladas anuales y será la mayor inversión extranjera directa en la historia del Uruguay. Se estima que incrementará en 50% el producto bruto de la región, y en 1,5% el del país, y se proveerá de madera de eucalipto de plantaciones situadas en Paysandú, de la firma asociada Forestal Oriental SA (FOSA). La pulpa también será exportada para igual uso.

El argumento esgrimido por los opositores a los proyectos es que se trata de industrias contaminantes del ambiente. La prensa recogió del público o de funcionarios expresiones como las siguientes: ‘los ciudadanos entrerrianos sabemos que nuestro río se convertirá en algo muy parecido al Riachuelo’, o, ‘la zona en torno de las fábricas estará apestada de olor a huevo podrido’ (La Nación, 31 de diciembre de 2005 y 3 de enero de 2006 respectivamente).

En ambos casos, el proceso industrial será el mismo: producción de pulpa por un método llamado Kraft y su tratamiento por una versión avanzada del denominado blanqueo elemental libre de cloro (elemental chlorine free bleaching o ECF). La fabricación de papel a partir de madera se realiza generando primero una pasta o pulpa de celulosa, lo cual por lo común requiere quitar la corteza a los troncos, convertirlos en astillas y luego extraerles la lignina mediante diversos compuestos de azufre (de ahí los olores sulfurosos), temperatura y lavados, hasta que queda una pasta pardusca. Esta se blanquea con productos como cloro, dióxido de cloro, soda cáustica, oxígeno, peróxido de oxígeno e hipoclorito de sodio. El último proceso puede liberar al ambiente sustancias cloradas contaminantes, como dioxinas y furanos. Por ello ahora se usan sobre todo métodos mayormente exentos de cloro, aunque el más común, empleado en los casos que se comentan y basado en dióxido de cloro, no esté totalmente libre de tal elemento (totally chlorine free bleaching o TCF), algo que otras técnicas permiten, pero ellas no están exentas de inconvenientes. Se estima que hoy se emplea cloro en alrededor del 20% de la producción mundial de pulpa, en el 75% se aplica el método ECF y en poco más de 5%, el TCF. En las plantas uruguayas, la lignina y otros residuos generarán energía eléctrica como producto complementario, parte de la cual, en exceso de las necesidades de autoconsumo, será vendida a la red nacional.

El orden de magnitud de la inversión en las dos plantas, que juntas elaborarán casi el doble de pasta de papel de lo que hoy se produce en la Argentina, rondaría los 1900 millones de dólares. Durante los últimos tres años, los grupos empresarios promotores de los proyectos realizaron los estudios de factibilidad, incluyendo los de impacto ambiental, y los sometieron a la aprobación tanto del gobierno uruguayo como de organismos internacionales de crédito. También difundieron activamente información y fomentaron la discusión sobre las plantas entre el público, en particular entre los habitantes de Fray Bentos, la mayoría de los cuales manifestó apoyo a la iniciativa, si bien hubo quienes lo hicieron con reservas en cuanto a las consecuencias ambientales y a las políticas de empleo, y también una minoría que exteriorizó rechazo. Omitieron los promotores, sin embargo, ilustrar, promover la expresión y buscar el apoyo de los cercanos pobladores argentinos, en especial los afincados en Gualeguaychú, que son unos 100.000 a unos 30 km a vuelo de pájaro. Es esta población la que se movilizó contra las papeleras.

El presente editorial no tiene por propósito analizar la conveniencia o inconveniencia de las plantas indicadas, sino señalar algunas características del actual discurso público sobre el tema. Por de pronto, su tono rara vez fue más allá de afirmaciones apocalípticas como las citadas, para no mencionar el hecho de que muchas veces estuvo impregnado de un desagradable tufillo xenófobo, debido a que ambas plantas se ubican en la margen uruguaya del río y los manifestantes viven principalmente en la Argentina. Además, a pesar de la índole tecnológica de los proyectos y del importante sustrato científico sobre el que se apoyan los procesos industriales, la información descriptiva básica de las tareas y de sus efectos ambientales han estado ausentes del debate mediático.

En otras palabras, casi nadie parece haberse tomado el trabajo de ilustrar al público sobre las características específicas de los proyectos y por qué producen alteraciones del aire o las aguas, ni, mucho menos, explicar cómo se puede analizar la conveniencia de esta clase de obras, cuáles son las normas y criterios aplicables, qué diferencia hay entre contaminación y contenidos normales de ciertas sustancias en el ambiente, etcétera. Ningún científico o entidad académica dio un paso al frente para orientar a la sociedad. Nadie reclamó que lo hicieran. Nadie recordó que es justamente para eso que la sociedad costea la existencia de universidades e institutos de investigación. El debate quedó estancado en el nivel de las barricadas políticas y de los intereses en pugna.

Seguramente, todo integrante de la comunidad académica afirmaría, si se le preguntara por qué la ciudadanía debe invertir dinero en mantener a los científicos y financiar su labor, que la tarea de estos produce numerosos beneficios colectivos, sobre todo en tiempos en que la ciencia y la tecnología están en la base de cada vez más actividades cotidianas y, en general, del bienestar material de toda la población. Y, sin embargo, en un caso como este, en que la sociedad debe tomar decisiones importantes sobre un asunto complejo con un fuerte contenido científico o tecnológico, que, además, es intensamente controvertido, la voz de los académicos brilla por su ausencia. Ello no es solo porque que a las autoridades gubernamentales, los políticos, los medios de difusión y las entidades civiles militantes no se les ocurre, por lo común, interrogarlos, o porque los pasan por alto y solicitan la opinión de quienes poco o nada conocen del tema que se discute, en la ingenua o interesada convicción de que se trata de los verdaderos expertos (cosa también frecuente). Lo más inexplicable es que los mismos científicos rara vez toman la iniciativa de salir espontáneamente al ruedo a ilustrar a la gente, como sería su obligación moral y, con frecuencia, legal. ¿Será que no están interesados en hacerlo? ¿O que no saben cómo explicar en términos comprensibles para políticos y público general las cuestiones en juego? ¿O que creen que las decisiones complejas deben ser puestas en manos de técnicos, pues los legos jamás estarían en condiciones de resolverlas inteligentemente? Pero esos mismos científicos no dejan de quejarse con amargura de que no son reconocidos, y de que la sociedad no pone a su disposición los recursos que necesitan para trabajar.

Por otro lado, las vehemencias de las citadas protestas por la contaminación que se originará en el lado uruguayo del río contrasta con la ausencia de toda mención pública de la producida por las actividades industriales o los centros urbanos afincados en territorio argentino. En las principales ciudades costeras del Uruguay, por ejemplo, las cloacas descargan sus efluentes en el río sin adecuado tratamiento, y sobre el Paraná hay plantas de pulpa, más antiguas, que, por ende, se ajustan a estándares ambientales menos exigentes y resultan más contaminantes que las que se discuten. Se puede concluir de este doble discurso que, por debajo de las banderas ecologistas enarboladas, opera una trama de intereses económicos, de suerte que todos somos altisonantemente conservacionistas mientras no tengamos que pagar los costos de evitar la contaminación.

Un análisis académico independiente podría proporcionar a la sociedad orientación fundamentada acerca de lo que está en juego e incluiría, también, esclarecer a la opinión sobre lo señalado en el párrafo anterior. La falta de ese análisis constituye un incumplimiento por parte de científicos e instituciones académicas de una parte sustancial de su misión social –la de proporcionar claridad intelectual y una visión desinteresada sobre cuestiones complejas, oscuras o controvertidas–, y priva a los ciudadanos de la guía que les permitiría tomar decisiones de manera racional y civilizada, en lugar de hacerlo recurriendo a la fuerza y al choque de los intereses. Como consecuencia de tal deserción académica, a pesar de la atención que este asunto recibió durante meses en los diarios, la comprensión por parte del público argentino de lo que está en juego es escasa, lo mismo que su capacidad de contribuir a que las determinaciones que tomen los políticos resulten orientadas al bien común. ¿No deberíamos hacer algo al respecto?

El lector podrá advertir el contraste de lo descripto con la información puesta a disposición del público por el ente de promoción de la ciencia y la tecnología de Australia, en http://www.ffp.csiro.au/publicat/articles/pulp.htm.

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