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Volumen 15 - Nº 90 Diciembre 2005 Enero 2006 |
El Consejo Internacional para la Ciencia (International Council for Science, antes International Council of Scientific Unions, ICSU) fundado en 1931, es una organización no gubernamental integrada por 103 asociaciones científicas nacionales y 27 uniones internacionales. En julio de 2005 dio a conocer un informe llamado ‘Ciencia y sociedad: derechos y responsabilidades’, preparado por un comité de científicos independientes de 12 países. El texto completo en inglés se puede obtener en la página http://www.scidev.net/editorials/index.cfm?fuseaction=printarticle&itemid=174&language=1.
El documento parte de la habitual defensa de la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo económico y social, y enfatiza, con la retórica normalmente empleada en el medio académico, que en las sociedades avanzadas del conocimiento (high-tech knowledge societies), la ciencia y la tecnología proveen el principal impulso para la innovación, el bienestar social, el incremento de la productividad y la creación de riqueza.
Pero no es por esa defensa convencional de la investigación que vale la pena comentar aquí el trabajo publicado por el ICSU, sino porque se ocupa de señalar posibles consecuencias adversas de prácticas y aplicaciones de los progresos científicos y tecnológicos presentes, consecuencias reales o que, sin serlo, son percibidas como tales por la sociedad. Así, la genética molecular y la ingeniería genética, además de abrir el camino para tratar enfermedades hereditarias o mejorar la producción de alimentos, también permiten realizar cambios profundos en la propia naturaleza humana, el medio natural y las relaciones sociales, que alarman a mucha gente. El mismo desarrollo económico y social, provocado en gran medida por los avances del conocimiento, trae repercusiones ambientales como la contaminación y el cambio climático, cuyas consecuencias para las generaciones futuras se necesita tomar en serio, aunque sean poco menos que imprevisibles. Estos riesgos, por otra parte, adquieren dimensiones importantes debido a los cambios políticos y económicos de finales del siglo XX e inicios del XXI, como la terminación de la guerra fría y la aparición de nuevos conflictos, el auge del terrorismo, los límites de la capacidad providente del estado y el incremento del comercio y las comunicaciones internacionales, que han creado nuevas relaciones entre la producción de conocimiento, los poderes políticos, los movimientos sociales y la gran empresa.
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