Volumen 15 - Nº 89 Octubre-Noviembre 2005

Hay siete problemas que contribuyen a frenar el progreso científico y tecnológico argentino. Están ligados –más o menos estrechamente– con cuestiones éticas. Los enumeraré en un orden que no indica su importancia relativa. He dejado de lado, en lo posible, los habituales ‘malos’: la incomprensión social, el gobierno, el FMI, etc. Ello no significa que estos no existan, sino que trato de resaltar problemas internos del sistema, cuya solución depende de nosotros mismos. Tal solución contribuiría a eliminar recelos propios del sector, así como la desconfianza mutua entre los factores de poder y la comunidad científica. La escasa colaboración entre esta y la empresa se deduce de la tabla University / industry research collaboration, publicada por el World Economic Forum (Ginebra 2004), en la cual la Argentina figura en el lugar 88, sobre un total de 104 países (el hecho de que el primer puesto venga ocupado por Finlandia demuestra que no es necesario ser una megaeconomía para estar ubicado más arriba en la lista).

Primer problema
Conflictos de interés

‘En el nombramiento para un puesto lucrativo recaído sobre su nieto no puede ir la firma de DF Sarmiento’ (carta de Sarmiento a su nieto fechada el 16/8/1873).

Durante la década del 90 me entrevisté con el Dr. Steve Landowne, directivo de la National Science Foundation de los Estados Unidos, con el objeto de solicitar apoyo para un proyecto de alcance panamericano. El nombrado me manifestó que estaba inhibido de intervenir en proyectos que yo propiciara, por haber hecho su tesis doctoral bajo mi dirección. El episodio ilustra claramente la importancia asignada a los conflictos de interés en países científicamente avanzados, algo que no sucede en el nuestro.

Conflictos de interés aparecen –o pueden aparecer– cuando un investigador, que debe tomar decisiones regido por los objetivos de la institución a la cual pertenece, encuentra que ellas, simultáneamente, lo afectan en lo personal. En nuestro medio son pocos los que reconocen la necesidad de inhibirse de dar opinión (como integrantes de comisiones asesoras, jurados, etc.), cuando tienen vínculos estrechos con alguno de los postulantes (parentesco, amistad, coautoría, pertenencia a un mismo grupo, enemistad, etc.). Por el contrario, el alto número de miembros de las comisiones asesoras del CONICET suele justificarse como un sistema tendiente a dar cabida a representantes de todas las instituciones del país, para que puedan defender sus respectivos intereses. Ello revela desconfianza, tanto en las reglamentaciones vigentes, como en la equidad de su aplicación y lleva a que los conflictos de interés se conviertan en regla habitual. Al mismo tiempo, la existencia de estos alimenta la endogamia, el segundo problema de mi lista. En sentido contrario, la experiencia de la Fundación Antorchas demuestra que un solo evaluador por área temática, renovable regularmente, puede hacer evaluaciones respetadas en la medida en que enfrente determinados incentivos y controles.

Una manifestación distinta de conflictos de interés aparece en la relación entre los sectores académicos y productivos. Por una parte, es necesario que la actividad científica actúe como difusora de nuevas tecnologías hacia las empresas. Pero ello debe realizarse en un marco de reglas claras, por ejemplo, sobre el uso de instrumental del estado para fines privados, la selección de temas de trabajo en las instituciones académicas, el régimen de dedicaciones exclusivas y otros asuntos.

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