Volumen 14 - Nº 83 Octubre - Noviembre 2004

Es probable que, ante la pregunta de cuál es el deber fundamental del médico, la mayoría respondiese que consiste en curar las enfermedades. Pero dado que todavía numerosas dolencias carecen de tratamiento, con frecuencia el médico no puede curar y solo le queda aconsejar, aliviar y consolar. Existe sin embargo un deber que obliga a todo médico, independientemente de su capacidad de curar: no utilizar su ciencia y su arte para hacer daño.

Este imperativo, así formulado, fue parte del juramento contenido en los escritos tradicionalmente atribuidos a Hipócrates (c. 460-377 antes de Cristo). Todavía en nuestros días es pronunciado por quienes se incorporan a la profesión médica, como expresión de su compromiso de obedecer las normas éticas que rigen su ejercicio. A la exigencia de no dañar, también, hace alusión el difundido aforismo primum non nocere (lo primero, no dañar), que igualmente tiene su remoto origen en la tradición hipocrática. El principio de no dañar es absoluto y no admite excepción. Nunca un acto médico puede, por comisión, omisión, negligencia, imprudencia o complicidad, afectar directamente o indirectamente la salud física, psíquica o social de las personas, o su dignidad, y nunca un médico puede invocar órdenes superiores para justificar actos de ese tipo.

El cumplimiento del principio de no dañar está sometido a fuertes tensiones en el caso de médicos de fuerzas armadas, cuando deben atender a enemigos prisioneros o heridos. En tal situación dicho principio exige que el prisionero o el herido de guerra sea tratado respetando todas las obligaciones de la práctica médica, por peligrosa, cruel o delictiva que haya sido su conducta o la de su bando. Los médicos militares están inhibidos de utilizar sus conocimientos como arma, y deben negarse a aceptar las órdenes que así lo exijan. Deben abstenerse de participar, consentir u ocultar acciones que afecten el principio de no dañar. Lo mismo rige para los médicos de policía, hecho que es también pertinente en nuestro país, donde frecuentemente se formulan manifestaciones públicas hostiles o irónicas sobre los derechos humanos de los delincuentes, que parecen sugerir que quienes hayan delinquido o sean sospechosos de haberlo hecho deben ser privados de esos derechos.

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