El derecho a conocer

.en las sociedades contemporáneas
el ejercicio adecuado y consciente
de los derechos democráticos del ciudadano
depende crecientemente de la comprensión
de la ciencia por el pueblo.
National Science Foundation,
Estados Unidos, 1996

Noticias aparecidas hace poco en la prensa sobre efectos adversos de ciertos medicamentos antidepresivos plantean nuevamente cuestiones relacionadas con las posibles consecuencias nocivas de desarrollos tecnológicos basados en investigación científica o, si se prefiere, resultados no deseados de aplicaciones de la ciencia. Pero también ponen sobre el tapete la manera como la sociedad maneja la información, en particular, cómo evitar que intereses económicos, políticos u otros impidan su mejor uso en beneficio del público. Dicho de otra manera, plantean cómo garantizar el derecho a conocer la mejor información disponible para tomar decisiones adecuadas en asuntos que tienen una importante base científica y tecnológica.

Una de dichas noticias se refirió al tratamiento de la depresión o melancolía, un trastorno psíquico grave que puede conducir al suicidio, el que, en casos extremos, resulta precedido por el llamado homicidio altruista, por el cual el enfermo mata a sus familiares u otros seres queridos convencido de que les está haciendo un favor al eliminarlos de un mundo irremediablemente dañino. Hace cerca de dos décadas aparecieron en el mercado nuevos medicamentos para tratar la depresión. Su modo de actuar era bloquear la captación por las neuronas de la serotonina, una sustancia que en el cerebro actúa como neurotransmisora, es decir, que participa en el paso del impulso nervioso entre neuronas. Dichos fármacos fueron designados SSRI, acrónimo de Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Fueron presentados como drogas eficaces, que no producían adicción y que carecían de efectos indeseables. En 2000 el monto anual de las ventas de SSRI en todo el mundo superó los trece mil millones de dólares.

En junio de 2003, un organismo regulador británico, el Committee on Safety of Medicines (CSM), declaró que algunos SSRI no debían prescribirse a niños o a adolescentes, por la posibilidad de que aumentaran el riesgo de suicidio (http://www.mca.gov.uk/aboutagency/regframework/csm /csmhomemain.htm). Al parecer, hubo empresas farmacéuticas que dispusieron de información que hubiese conducido a actuar antes, pero no la revelaron. Por ello, en junio de 2004, Eliot Spitzer, el procurador general (State Attorney) del estado de Nueva York inició una acción legal contra GlaxoSmithKline (GSK) por fraude persistente y reiterado (repeated and persistent fraud), debido a que, en su opinión, la empresa habría ocultado maliciosamente datos acerca de un aumento de la tendencia al suicidio de niños y adolescentes con depresión tratados con la marca de SSRI comercializada por esa firma. GSK sería también querellada en Gran Bretaña por 3500 pacientes, cuyos abogados dicen representar, además, a familiares de enfermos que se suicidaron. La entidad reguladora de medicamentos del Reino Unido prohibió administrar el SSRI de GSK a menores de dieciocho años y su homóloga de los Estados Unidos (la Food and Drug Administration) obligó a la empresa a enfatizar el riesgo de suicidio en la información que acompaña al medicamento.