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Volumen
13 - Nº 76
Agosto - setiembre 2003 |
El 13 de junio pasado se publicó en el Boletín Oficial una resolución del ministro del Interior disponiendo que se realice un proceso formal de selección de nuevo director para el Archivo General de la Nación. La iniciativa no podría ser más oportuna, ya que la institución y sus fondos documentales se encuentran en un estado de intenso deterioro, tanto por el asombroso desmanejo a que fue sometida por los sucesivos gobiernos a lo largo de los últimos años (que incluyó actos de flagrante corrupción, como el hurto de piezas que, en algún caso, tuvieron que ser devueltas), cuanto por lo inadecuado de su edificio, lo obsoleto de sus métodos de preservación y registro de documentos y la abismal carencia de recursos técnicos y de personal calificado. Debe aplaudirse, pues, el anuncio de que se buscaría designar a un funcionario con las necesarias calificaciones al frente del Archivo. O, por lo menos, eso es lo que se puede suponer, ya que la resolución ministerial no explica los criterios de selección, los que, en toda lógica, se harán conocer por un instrumento posterior que ponga concretamente en marcha el proceso. En esto, sin embargo, se pueden encontrar algunas dificultades.
Un riesgo que conviene señalar y que el gobierno haría bien
en evitar, contrariamente a lo que, por lo común aunque con alguna
excepción, hicieron sus antecesores, es la politización
del nombramiento, es decir, hacer prevalecer la militancia partidaria o la
ideología política por sobre la idoneidad y las calificaciones
específicas. Ello es doblemente importante en una institución
que requiere una reforma profunda y que carece de suficientes funcionarios
estables con conocimientos técnicos modernos y dominio de la gestión.
La contracara de lo dicho es la necesidad de buscar a una persona que tenga
esos atributos: conozca cómo operan los archivos actuales, esté
al tanto de los progresos en materia de conservación, catalogación
y servicio al público, y tenga la capacidad de encabezar una institución
de cierta complejidad en un momento en el que se requiere emprender reformas
importantes.
Hablar de reformas importantes no es un mero giro retórico. El Archivo
está alojado desde 1940 en un edificio (Leandro Alem 246) que se construyó
para banco (Deutsche Überseeische Bank) a comienzos del siglo
XX, y que fue expropiado durante la guerra como propiedad enemiga. Además
de estar colmado, no reúne las condiciones mínimas para su actual
función. También existen otros locales, igualmente inadecuados,
en los que la entidad depositó temporariamente documentación.
Las consecuencias de tal inadecuación inmobiliaria no residen simplemente
en la incomodidad de usuarios y personal: son, en sí mismas, una causa
central del deterioro de los materiales. Hace unos diez años, una conservadora
de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Doris Hamburg, hizo llegar
a las autoridades, a su pedido, un sustancioso informe sobre las condiciones
ambientales del Archivo y los procedimientos de guardado y manipulación
de las piezas. Hizo notar, entre otras cosas, que en ningún local de
la institución había control de temperatura y humedad, algo
imprescindible para la estabilidad de los materiales archivados. Tampoco había
filtros para impedir que ingresaran gases y partículas de las calles
circundantes, que están entre las de aire más contaminado de
la ciudad. Señaló igualmente que se ponen documentos originales
en manos del público, incluso aquellos sometidos a un intenso tráfico
de consultas, lo que produce su irremediable destrucción.
La cuestión edilicia es una de las que necesitan ser encaradas con urgencia, con la mente clara y con enorme firmeza. No es la única, pero es una de las más importantes. En 1992, el gobierno resolvió trasladar el Archivo al cercano inmueble del antiguo diario Democracia, según un decreto del presidente Menem, pero luego cambió de planes y vendió dicho inmueble. Ahora hay que volver a plantear el asunto y los argumentos del valor comercial de la sede de Leandro Alem podrían estar sugiriendo una fuente de recursos para un nuevo edificio, que no necesita estar en una zona de la ciudad con alto precio de la tierra.
Otro riesgo que conviene tener en cuenta para elegir el director del Archivo
es el de equivocar el perfil del candidato que se busca. La tradición
ha sido que, cuando no se ponía la entidad en manos de un político,
se buscaba un historiador profesional o aficionado. Si sería un grave
error hacer lo primero, no sería mucho más acertado tomar el
segundo camino. Entiéndase bien: no se está sugiriendo que el
director del Archivo no pueda ser un historiador, sino que serlo no es el
requisito esencial. La tarea tiene dos dimensiones: una es técnica
y se ubica en el campo de la archivística, no de la historia. Es necesario
que el nuevo director del Archivo tenga familiaridad con la elaborada tecnología
de conservación, catalogación y consulta de una gran variedad
de documentos, ya que hoy en día no se trata, como antes, solo de papel
escrito: hay fotografías, films, vídeos, documentos digitales,
etc. Todos merecen solícito cuidado. Cada categoría presenta
distintos problemas técnicos y estos varían según la
edad de la pieza. El director de un archivo moderno no puede conocer todas
las técnicas de manejo de tan variado material, pero debe tener cierta
familiaridad con ellas y la capacidad de dirigir el trabajo de los especialistas
específicos.
La segunda dimensión de la labor de un director de archivo nacional es directiva, gerencial y política. Hay que encontrar alguien con la personalidad y la inclinación por asumir, hacia afuera de la institución, un papel de liderato en la sociedad, y hacia adentro, de conducción de un equipo de trabajo. Ambas cosas son difíciles y no son muchos los que saben, pueden y quieren tomar tales responsabilidades, y menos aún los que las ejercen con éxito. Pero eso es exactamente lo que se requiere.
Es necesario recalcar la importancia de la dimensión directiva. El
Archivo General de la Nación es mucho más que un depósito
de viejos papeles. Es el lugar en que queda documentada la historia de la
nación y cuya misión es dar a todos los habitantes del país
acceso a ella y a la cultura que produjo. Tal misión se cumple por
el camino de recojer, preservar y poner a disposición del público
argentino y extranjero interesado los diversos documentos de relevancia (independientemente
del soporte o medio en que estén) creados por el gobierno y el sector
privado. También es parte de la función de un archivo moderno
facilitar a los entes administrativos del Estado el manejo de la información.
El director del Archivo es el responsable del cumplimiento de esa compleja
misión, y es quien debe gestionar y dirigir la aplicación de
los recursos que se requieran poner en juego para lograrlo.
Si se vuelve ahora a la iniciativa del ministro de seleccionar al nuevo director
del Archivo y se procuran esbozar unos términos de referencia para
realizar la búsqueda, se podrá advertir la necesidad de definir
un perfil muy distinto del que muchos imaginan, en el que se enfaticen las
capacidades de conducción, la gestión de recursos, la claridad
de ideas para concentrar la entidad en su función, la familiaridad
con la moderna archivística y también, naturalmente pero en
pie de igualdad con los otros requisitos, la inclinación o familiaridad
con la historia, entendida esta en forma amplia y no solo como el relato de
los acontecimientos políticos.
Quizá fuese interesante que las autoridades obtuvieran alguna asistencia
externa para mejor conducir la búsqueda y realizar la elección.
En esto resulta interesante el mencionado antecedente de la especialista norteamericana.
Varios países han realizado notables progresos en la modernización
de sus archivos nacionales, por ejemplo, Canadá y Australia. También
España ha hecho un notable esfuerzo con los archivos generales de Indias,
de Simanca y de la Corona de Aragón (este inauguró una nueva
sede en 1993). De alguno de esos lugares se podría conseguir un consultor
experimentado que ayude a encaminar el proceso por la buena senda. También
en el mundo académico argentino hay quienes estarían en condiciones
de asistir al ministerio del Interior a hacer una buena elección. Y
sería también de interés que entre quienes analicen a
posibles candidatos hubiese alguien con familiaridad con la conservación
fotográfica y con los métodos electrónicos de archivo
y catalogado de información.
En síntesis, la acertada decisión del ministro del Interior
abre una importante oportunidad de rescatar al Archivo General de la Nación
de su vergonzoso deterioro. Hecemos votos para que no resulte desaprovechada.
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