Volumen 19 - Nº 109 Febrero-Marzo 2009

¿La ciencia al poder?

En un reciente editorial, publicado con el título ‘Ciencia, tecnología, sociedad y política’ en el número 106 de CIENCIA HOY (agosto-septiembre de 2008), defendimos la importancia de recurrir a la reflexión académica en respaldo de decisiones políticas que, por la complejidad de su materia, vinculada con cuestiones científicas y tecnológicas, no puedan ser tomadas sin una buena comprensión de esas cuestiones y de sus consecuencias sobre la economía y la sociedad. Trajimos dos ejemplos a colación, entre muchos posibles: las plantas de pulpa celulósica construidas en la margen izquierda del río Uruguay (a las que dedicamos el editorial ‘Plantas industriales, opinión pública y sistema científico’, CIENCIA HOY, febrero-marzo de 2006) y los conflictos recientes en torno a la política agropecuaria, comentados en el mencionado editorial del número 106. Concluimos que quedaba planteada una doble necesidad: que los políticos solicitasen y considerasen el asesoramiento académico, y que los académicos se esforzasen por proporcionarlo.

Este número de la revista va a prensa a escasas semanas de haberse producido el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Durante los dos períodos del presidente saliente, la comunidad científica norteamericana, que está acostumbrada a que el gobierno federal le solicite asesoramiento, así como a darlo, se vio en situación de creciente incomodidad, por entender que en muchas decisiones políticas con importante contenido científico y tecnológico (desde el cambio climático a los efectos del tabaco sobre la salud, desde la prevención del sida hasta el uso de dinero público para financiar investigaciones de laboratorio con células germinales embrionarias), la ideología o los intereses particulares tendían a predominar sobre las conclusiones de un análisis científico de la realidad llevado a cabo con competencia e imparcialidad. En algunas ocasiones, se acusó al gobierno de impedir la difusión de resultados científicos adversos a sus posiciones.

El presidente entrante, en cambio, anunció en más de una oportunidad, tanto antes de asumir el cargo como después de hacerlo, que su gobierno adoptaría una actitud distinta. A mediados de diciembre, por ejemplo, al dar a conocer algunos nombramientos ministeriales o de nivel equivalente, expresó que promover la ciencia no solo requiere proporcionarle recursos sino, también, alentar la libertad de investigación y escuchar lo que tienen que decir los científicos, sobre todo si es inconveniente (según informó el semanario británico The Economist en su entrega del 8 de enero de este año).

Manifestaciones como estas del presidente Obama, como era de esperar, obtuvieron una alta aprobación en los medios académicos, tanto de los Estados Unidos como del resto del mundo. Los primeros hechos que siguieron o fueron simultáneos con esas declaraciones consistieron en la designación de los responsables de ministerios (allá llamados secretarías), múltiples organismos autárquicos y los poderosos cuerpos de asesores. Nuevamente, la comunidad académica tendió a ver con buenos ojos las opciones del presidente en áreas vinculadas con la ciencia y la tecnología, que incluyeron a dos premios Nobel en ciencias (uno en física y otro en medicina).

Posiblemente el nombramiento que haya atraído más atención sea el de Steven Chu al frente de la Secretaría de Energía, una cartera crucial, cuyas responsabilidades exceden por mucho el ámbito científico y tecnológico. El nuevo secretario, que se desempeñaba en los últimos tiempos como director de uno de los grandes laboratorios del gobierno federal (el Lawrence Berkeley National Laboratory, con 4000 empleados y 650 millones de dólares de presupuesto anual) y como profesor de la Universidad de California en Berkeley, obtuvo en 1997 el premio Nobel de física por sus investigaciones sobre ‘el desarrollo de métodos para enfriar y atrapar átomos con luz láser’. Es miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Es el único caso que conocemos de un premio Nobel de ciencia designado ministro.

El segundo premio Nobel incorporado al nuevo gobierno estadounidense es Harold Varmus, nombrado uno de los dos copresidentes del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología. Se desempeñaba al frente de uno de los centros de mayor importancia mundial en cáncer, el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York. Recibió el premio Nobel de fisiología o medicina en 1989, ‘por su descubrimiento del origen celular de los oncogenes retrovirales’. En el pasado (1993-1999) dirigió los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

El otro copresidente del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología es John P Holdren, un físico y profesor de la Universidad de Harvard que ocupará también la posición de director de la oficina de la Casa Blanca para política científica y tecnológica y la de asistente del presidente para ciencia y tecnología. Fue presidente de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia (2007) y se desempeñó como director del importante Centro de Investigaciones de Woods Hole. Es miembro de las academias nacionales de Ciencias y de Ingeniería.

Para dirigir la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA) el presidente Obama eligió a Jane Lubchenco, destacada ecóloga, profesora de biología marina de la Universidad del Estado de Oregon y presidenta (1997) de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia.

No nos hemos detenido a considerar estas cuatro designaciones solo porque confirman, en los hechos iniciales, los anuncios del presidente sobre la importancia de tener a mano asesores científicos y tecnológicos independientes de alto nivel. Tampoco lo hemos hecho exclusivamente para confirmar que, en efecto, se trata de figuras eminentemente destacadas de la ciencia de los Estados Unidos y del mundo.

El aspecto que nos parece merecedor de unas reflexiones especiales es que, en por lo menos dos de esos casos, el de la presidenta de la NOAA y, sobre todo, el del secretario de Energía, los nombrados adquirieron obligaciones que exceden ampliamente la labor de asesoramiento normalmente confiada a los académicos. Asumieron responsabilidades de definir y conducir la ejecución de las acciones de gobierno. En otras palabras, aceptaron actuar como políticos. Su tarea no será tomar decisiones científicas o tecnológicas, para las que pueden estar mejor capacitados que la mayoría, sino cumplir con la voluntad de los ciudadanos, expresada mediante el funcionamiento del sistema republicano y de la división de poderes. Y para eso, son iguales que los demás políticos (y tienen menos experiencia que muchos).

Remedando el recordado eslogan de los jóvenes de la década de 1960, la imaginación al poder, ¿será este un caso en el que, en algunos asuntos, la ciencia tomó el poder en los Estados Unidos? No lo creemos ni lo deseamos.

¿Qué tenemos en mente con la frase sobre la ciencia que toma el poder? Y, ¿por qué no nos parece deseable? En el editorial del número 34 de CIENCIA HOY, de hace más de diez años (‘Pares e impares’, 1996), analizamos la diferencia entre decisiones técnicas y decisiones políticas. Las segundas se refieren a los objetivos, las preferencias y las prioridades de la sociedad, mientras que las primeras versan sobre las distintas restricciones que la realidad impone al avance hacia esos objetivos y sobre los modos de alcanzarlos. Un ministro se ocupa típicamente de esa segunda clase de decisiones, y participa en el debate como un ciudadano más. Un conocimiento sobresaliente de los aspectos técnicos no le da la facultad de hacer prevalecer sus ideas políticas (auque puede ayudar a convencer a los demás de su valor).

Proceder de otra manera es incompatible con el sistema democrático. Poner las decisiones políticas en las manos de técnicos, por competentes o excepcionales que sean, no es democracia sino tecnocracia, es decir, una forma de autoritarismo. La ciencia no puede sustituir a la política; no es posible poner la ciencia en el poder.

Pero es posible que científicos ingresen en la política. Su presencia la enriquece y trae nuevos puntos de vista que ayudan a la gente a comprender mejor las decisiones que enfrenta y a determinar la factibilidad y deseabilidad de sus objetivos, así como las consecuencias de alcanzarlos. Para conseguir estos efectos beneficiosos, los científicos que se sientan inclinados a ingresar en política deben aprender el difícil oficio de políticos. El éxito como científico no garantiza el éxito como político, aunque podría indicar rasgos de personalidad que ayuden a lograrlo.

Si el doctor Chu y la doctora Lubchenco terminan resultando exitosos en la Secretaría de Energía y en la NOAA respectivamente, será porque fueron buenos políticos: esencialmente porque lograron convencer al presidente, a sus colegas del Ejecutivo, a la opinión pública y, sobre todo, a los integrantes del Congreso –que a su vez deben obtener el apoyo de los votantes– de la bondad de sus soluciones. Y no es improbable que así suceda, porque ambos tienen antecedentes en la conducción de instituciones complejas y porque, seguramente, quienes realizaron el minucioso proceso de seleccionarlos les vieron inclinaciones y capacidades políticas, cosa que los científicos no necesariamente tienen.

Esta notable serie de designaciones de científicos sobresalientes en el nuevo gobierno de los Estados Unidos constituye, entonces, una buena noticia. Pero no porque la ciencia llegó al poder, es decir, porque los científicos podrán imponer sus ideas políticas a la sociedad, sino porque esta demostró interés en escuchar lo que los científicos tiene para decir, y porque hubo científicos que decidieron asumir la función política de convencer a sus conciudadanos acerca de la bondad de sus ideas.