Volumen 18 - Nº 106 Agosto-Septiembre 2008

Hace algo más de dos años, en el número 91 de CIENCIA HOY, de febrero-marzo de 2006, publicamos un editorial titulado ‘Plantas industriales, opinión pública y sistema científico’. Su argumento central era que en el conflicto puesto en marcha por grupos ecologistas contrarios a la instalación de dos plantas de pulpa celulósica en la margen izquierda del río Uruguay, ni los medios de comunicación, que mantuvieron por meses el tema en primera plana, ni los políticos que participaron voluntariamente o se vieron envueltos en el debate, requirieron formalmente la opinión técnica de los medios académicos. Ello fue así a pesar de tratarse de un asunto con fuerte contenido científico y tecnológico, e imposible de encarar sensatamente sin tomar en cuenta ese contenido.

Argumentamos adicionalmente que tampoco los integrantes del sistema científico y tecnológico tomaron espontáneamente la actitud de esclarecer a la población. Ningún científico o entidad académica dio un paso al frente para orientar a la sociedad, escribimos, y concluimos que: Nadie reclamó que lo hicieran. Nadie recordó que es justamente para eso que la sociedad costea la existencia de universidades e institutos de investigación. El debate quedó estancado en el nivel de las barricadas políticas y de los intereses en pugna. Para ser justos, dejemos ahora constancia de que recibimos, después de publicado el editorial, noticias sobre algunos esfuerzos realizados en ese sentido, los que solo alcanzaron, sin embargo, limitada repercusión en los medios y la opinión pública.

Recordamos hoy aquellos episodios y el juicio que entonces emitimos porque venimos de pasar por circunstancias que tienen muchos puntos de semejanza con ellos. Se trata de los recientes conflictos producidos por el proyecto de incremento de las retenciones cobradas sobre las exportaciones agrícolas. Nuevamente, por debajo de un choque de intereses económicos se advierte la existencia de una realidad compleja, como es la agricultura moderna, con fuerte contenido científico y tecnológico, para no mencionar la igualmente técnica cuestión de la política fiscal.

Igual que entonces, los medios centraron la atención del público en las acciones de fuerza a que recurrieron las dos partes del conflicto y en la puja política (que por momentos escapó de los marcos de la sociedad civilizada). La ciudadanía recibió poca ilustración sobre las complejidades técnicas y económicas del quehacer agropecuario en la pampa húmeda, cuya imagen tradicional resultó marcadamente alterada por cambios acaecidos en los últimos lustros, como se puede apreciar en el artículo ‘La transformación del campo argentino’, que publicamos en este mismo número.

Pero en el caso reciente creemos percibir una diferencia que nos parece importante señalar y que podría constituir el inicio de una marcha en la buena dirección: la opinión científica y tecnológica no estuvo enteramente ausente. En primer lugar, porque en el trámite legislativo fueron convocados al Congreso y escuchados, además de representantes de los intereses en pugna e integrantes de entidades identificadas con ellos, algunos miembros de la comunidad académica en condiciones de proporcionar una visión independiente y desinteresada del asunto en discusión. Un senador mencionó que esas discusiones y consultas con expertos fueron tan provechosas como son infrecuentes en el Senado, y alentó a sus colegas a realizarlas con más asiduidad. Otro utilizó en el debate plenario datos que recogió de ‘informes de investigadores de universidades y del CONICET’.

Si bien lo anterior es alentador, no todo salió de la mejor manera posible. Todavía los legisladores no adquirieron el oficio de localizar las voces académicas más autorizadas acerca de cada tema. Es decir, exhibieron una tendencia a confundir autoridad institucional con autoridad científica, sin duda porque la segunda solo puede identificarse recurriendo al juicio de los pares, habitual en la ciencia pero con toda probabilidad misterioso para un político. Y ello produjo algunas consecuencias desgraciadas y preocupantes, como la actitud de las autoridades de una facultad de Agronomía de primera línea de desatender la convocatoria para no comprometer a su institución en ‘política’. De alguna forma esto reafirma nuestro pasado argumento de la necesidad de que los académicos se compenetren mejor de sus obligaciones con la sociedad que los mantiene.

En segundo lugar, del lado de algunos actores sociales que tomaron parte en el conflicto también se advirtió una preocupación por escuchar voces científicas y tecnológicas. Es el caso, por ejemplo, de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), que viene estableciendo vínculos regulares con investigadores de facultades de Agronomía y del INTA (e incluso destina dinero a financiar determinadas investigaciones). Y en tercer lugar, hubo instituciones académicas que realizaron discusiones públicas sobre el asunto, algo que, llevado a cabo regularmente, puede abrir un canal para el traspaso de información que reclamamos.

Ante decisiones acerca de actividades económicas relevantes, sean industriales, agropecuarias o de otra índole, la sociedad se enfrenta con la gestión de recursos colectivos, normalmente algo complejo por la trama de los factores que participan y por la necesidad de tener en cuenta consideraciones de muy diferente índole, que incluyen dimensiones ideológicas, formas de concebir el funcionamiento de una sociedad, situaciones internacionales, intereses nacionales y locales, etcétera. Es necesario tener todas en cuenta para fundamentar políticas y acciones concretas de gobierno.

Al mismo tiempo, para la valoración de cada uno de esos factores resulta necesario partir de un marco conceptual fidedigno y actualizado, y de información confiable. Ello es parte inseparable de la trama de la sociedad del conocimiento en la que vivimos en el incipiente siglo XXI. Haberlo comprendido potencia la riqueza y el bienestar de los países que denominábamos del primer mundo, y está iniciando o avanzando en la carrera del desarrollo a aquellos ajenos a ese mundo que lo percibieron.

Las anteriores circunstancias ponen de relieve el valor insustituible de disponer, para cada tema que entre en discusión, de análisis independientes, ajenos a la manipulación tanto de intereses económicos como de subordinación al poder político. Resaltan igualmente la responsabilidad del sector académico de proporcionar esos análisis. Vista desde este ángulo, la convocatoria a científicos y técnicos realizada por el Congreso Nacional para ayudarlo a analizar la actividad agropecuaria marca un hito en el largo y espinoso camino hacia la madurez del sistema democrático argentino, y una invitación al sistema académico a sumarse a esa marcha.

Otra consecuencia favorable de este proceso es que proporciona a los votantes un instrumento para distinguir entre dirigentes y legisladores –e incluso entre partidos políticos– que se informan adecuadamente, formulan programas basados en buen conocimiento y actúan con sólidos fundamentos técnicos, de aquellos que no proceden así, y los ayuda a tener en claro esa distinción cuando son convocados a las urnas. Al mismo tiempo, permite a la ciudadanía apreciar que los académicos le pueden proporcionar la orientación requerida para poder optar de manera informada y responsable entre políticas alternativas relacionadas con asuntos técnicamente complejos. Pero, como corolario, tenemos que concluir que la sociedad también discernirá entre los académicos que le brindan tal asesoramiento y quienes muestran poco o ningún entusiasmo por hacerlo, y que probablemente exhiba modesto entusiasmo y hasta reticencia en proporcionar recursos generosos a los segundos.

Lo anterior no significa que estemos concediendo prioridad a la investigación científica o tecnológica orientada a las aplicaciones o cercana a estas, ni que estemos relegando o descalificando la ciencia puramente académica (ciencia motivada por la curiosidad intelectual, según algunos la denominaron), por alejada de la vida cotidiana que parezca. Creemos firmemente que no hay sistema científico de calidad sin un amplio basamento de buena ciencia académica. Pero creemos con igual firmeza que en una sociedad libre y democrática, y en un mundo regido por el conocimiento y la información, así como no se pueden tomar buenas decisiones públicas y privadas sobre asuntos de importancia sin un sólido fundamento científico y tecnológico, tampoco es sustentable un sistema académico que no proporcione a la actividad política y a la ciudadanía el marco confiable de información que estas necesitan. Como integrantes de la comunidad científica y tecnológica del país, tomemos nota y actuemos en consecuencia.

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