Volumen 17 - Nº 102 Diciembre 2007 Enero 2008

Invitada por el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, estuvo en Buenos Aires durante agosto y septiembre pasados Karen Hersey, abogada especialista en derechos intelectuales, patentes y transferencia de tecnología. Durante más de veinte años fue la jefa de la oficina de transferencia de tecnología del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Nacida en Newton, Massachusetts, en 1938, realizó estudios de derecho en la Universidad de Boston.

Debo admitir que he pasado más tiempo en Chile que en Brasil. Al último fui invitada hace unos años, con un grupo del MIT, para dar un curso intensivo de una semana que tenía el propósito de instalar en las universidades brasileñas la capacidad de transferir tecnología. El curso, cuyos participantes fueron tanto miembros de las universidades como de las empresas, se llevó a cabo en Río de Janeiro. Por lo que sé, la situación en San Pablo podría ser diferente, por lo que mis observaciones se van a limitar a lo que percibí en la primera de esas ciudades. Mi impresión fue que, en 2002, no existían en Brasil actividades coordinadas orientadas a transformar la investigación universitaria en propiedad intelectual registrada que pudiese luego ser transferida a la industria. Percibí que había algunos reductos en el país donde esto se llevaba a cabo, pero de modo no uniforme, sin centralización de criterios y en ausencia de coordinación de los procedimientos. Lo que más me impresionó de los brasileños fue la frase No podemos hacerlo. Sabemos de qué estás hablando, pero no podemos hacerlo. O esta otra: Entendemos que esa es la forma de proceder, pero nosotros no podemos. Había un bloqueo total, que no se parecía para nada a lo que encontré aquí, en la Argentina. De manera que cuando nos fuimos de Brasil, y voy a ser muy franca en esto, nos quedó la sensación de que no habíamos logrado ninguno de nuestros objetivos. Éramos cinco personas que habían desperdiciado una semana.

En Chile la cosa fue diferente, aunque también desconcertante. El no podemos hacerlo resultó reemplazado por una falta total de interés en la mayoría de las universidades. Tengo que aclarar que estuve en universidades del norte del país y en Santiago; no fui al sur. Visité universidades públicas y privadas. Noté que, de vez en cuando, aparecían científicos que mostraban algún interés pero, por lo general, este no aparecía en las discusiones con directivos de las universidades, los cuales, a su vez, no eran alentados por los responsables financieros a considerar cuestiones de transferencia tecnológica. Advertí que una de las razones por las cuales las universidades no trabajaban con empresas era porque no confiaban en ellas. Su percepción era que, finalmente, las empresas se apropiarían del trabajo intelectual hecho por las universidades. Por otro lado, cuando hablé con las empresas, particularmente con un grupo inversor que reunió a varias de ellas, manifestaron rápidamente su interés en trabajar con las universidades. Señalaron que el principal obstáculo para hacerlo era que las universidades no querían trabajar con empresas.

En una siguiente visita a Chile fui directamente a las empresas para explorar la posibilidad de que trabajaran con algunas universidades. Los empresarios parecieron entender los mecanismos, pero lamentaron que no existiesen, en las universidades, políticas de ningún tipo en materia de propiedad intelectual. La realidad era que las universidades chilenas no estaban interesadas, ni incentivadas para generar políticas relacionadas con la propiedad intelectual, y ello actuaba como una barrera que impedía a la industria acercarse al ámbito universitario. Pero al mismo tiempo, y sorpresivamente, descubrí que algunas universidades –las católicas particularmente– estaban haciendo transferencia de tecnología, y que una entidad, el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF), se estaba interesando por el asunto e, incluso, había asignado algunos recursos financieros a realizar patentamientos. Resumiendo, en Chile terminé encontrando algún interés. Existía una estructura incipiente, pero no estaba claro quién debía hacerse cargo de la comercialización de tecnología: si debían ser los investigadores, las universidades o el gobierno. Esto no se había resuelto mientras estuve allí. Lo que deduje es que las cosas estaban mejorando. Se estaba haciendo algo de transferencia y había algunos ejemplos prácticos de protección de lo derechos de propiedad intelectual. En esto percibí un claro contraste con la Argentina, donde el tema es visto con antipatía, lo que constituye un verdadero problema.

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