Volumen 17 - Nº 102 Diciembre 2007 Enero 2008

En el primer número de este año (Ciencia Hoy, 97:8-9, febrero-marzo de 2007), publicamos un editorial que llevó por título ‘Preguntas para un año electoral’. Expresamos en él la esperanza de que las plataformas de los candidatos que en octubre se disputarían los cargos electivos respondieran a algunos de los interrogantes que más afloraban, en ese momento, en las preocupaciones de la comunidad académica, e hicimos un intento de reseñar las preguntas que se expresaban con mayor insistencia en esa comunidad.

Nada de lo que esperábamos aconteció. Los partidos políticos definieron sus candidatos, estos hicieron sus campañas y se llevaron a cabo las elecciones. Curiosamente, a lo largo del proceso casi nunca se habló de propuestas o de políticas, ni en materia de ciencia ni en ninguna otra (por razones que analizan los politólogos y de las que no nos ocuparemos acá). Este editorial llegará a manos del lector después de la fecha fijada para el cambio de gobierno, lo que permite suponer que para ese momento se sabrá más acerca de las políticas que deseábamos conocer y discutir de antemano.

Sin embargo, para el momento de escribirse estas líneas, la presidenta electa había anunciado la elevación de la actual Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva al rango de ministerio, y dado a conocer el nombre del ministro que designará. También reveló quién ocupará la cartera de Educación, cuya competencia sobre las universidades la ponen igualmente en el centro de las miradas del mundo académico.

Los funcionarios en cuestión son bien conocidos y ampliamente respetados en ese mundo. Ambos ocupan posiciones de relevancia en el gobierno saliente, lo que tiene la ventaja de que no necesitan tomarse un tiempo para ponerse al tanto de la situación. Lino Barañao, futuro ministro de Ciencia y Tecnología, está desde hace unos años al frente de la Agencia Nacional de ese sector, un organismo crucial para el financiamiento de la investigación; Juan Carlos Tedesco, anunciado ministro de Educación, ocupa actualmente una secretaría en ese ministerio y es considerado el viceministro.

El pensamiento de ambos sobre las políticas oficiales en sus respectivas áreas es en gran medida público, pues tuvieron muchas oportunidades de expresarlo. De cualquier modo, en vísperas de asumir sus cargos Ciencia Hoy solicitó a ambos una entrevista, para enterarse de sus ideas concretas y transmitirlas a los lectores. Ambos tuvieron la gentileza de acceder, pero solo se pudo realizar a tiempo para incluirlo en este número el reportaje al doctor Barañao, que se publica unas páginas más adelante y que sugerimos leer antes de lo que sigue. El correspondiente al licenciado Tedesco quedó para la próxima entrega de la revista. En consecuencia, este editorial se refiere a las políticas sobre ciencia y tecnología más que a las correspondientes a educación.

La creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología proporciona una oportunidad ideal para revisar las instituciones del sector y su funcionamiento. Señalamos en el mencionado editorial del número 97 el amplio acuerdo existente en el medio acerca de que el CONICET ha perdido la eficiencia que tuvo cuando nació hace casi medio siglo, y si bien es justo reconocer que la gestión del actual directorio mejoró en más de un aspecto su operación, se trata de una entidad que necesita una profunda reforma para ponerla a la altura de los tiempos. No sería razonable, sin embargo, cambiar el CONICET sin considerar sus relaciones con las demás instituciones del sistema científico y tecnológico, lo que refuerza la tesis de que es el momento de hacer ajustes al conjunto y refrescar los cometidos relativos de Agencia, CONICET, INTA, INTI, CNEA y otros organismos, así como las relaciones entre ellos.

La distinción que realizó el futuro ministro, cuando se refirió a las funciones del nuevo ministerio, entre planificación, financiamiento y ejecución, es un buen punto de partida para llevar a cabo la revisión que sugerimos. Por otro lado, el cambio institucional más importante acaecido en el sistema en los últimos años, la creación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y la experiencia recogida por esta entidad en una década de funcionamiento proporcionan un excelente basamento para una reestructuración racional, clara y relativamente sencilla de la constelación de funciones y entidades que conforman el sistema científico y tecnológico argentino.

Planteadas las cosas de esa manera, es natural concluir que, en líneas generales, corresponden al nuevo ministerio las funciones de planeamiento (con el obvio agregado de las de supervisión y control), a la Agencia las de financiación, y las de ejecución a una gran variedad de entidades, entre las que están las nombradas dos párrafos atrás, las universidades, algunos centros de investigación del sector privado sin fines de lucro y hasta otros que operan en la órbita de empresas, además de las posibles nuevas creaciones, como los Institutos Nacionales a los que se refirió Barañao en la entrevista mencionada.

Vemos dos importantes virtudes en este esquema. La primera es concebir al ministerio como un cerebro, cuya responsabilidad principal es la reflexión y la conducción, más que como una potente máquina ejecutora (que, por su tamaño, casi inevitablemente se convertiría en ineficaz con el solo pasaje del tiempo). La segunda virtud es la riqueza proporcionada por la variedad institucional, con la consecuente probabilidad de que se tomen mejores decisiones colectivas y que operen mecanismos de equilibrios de poder (checks and balances, en la tradición política norteamericana).

No obstante, la segunda de esas virtudes depende fuertemente del buen funcionamiento institucional, no solo del conjunto del sistema sino, sobre todo, de cada una de las instituciones. Aquí posiblemente residan la dificultad y el riesgo de mayor peso para lograr éxito con las reformas, porque un buen funcionamiento institucional no es algo que se suela advertir con demasiada frecuencia en la Argentina de hoy. A modo de ilustración de esto último, tómese como un ejemplo más de deterioro institucional, entre tantos, el caso del INDEC, al que se dedica un artículo en este número.

Que este riesgo sea real no significa que no pueda ser evitado, pero para ello, en nuestra opinión, es necesario hacer un serio esfuerzo de innovación institucional. Es más, es imprescindible que tal esfuerzo no solo alcance a entidades nuevas, como los eventuales Institutos Nacionales, sino, también –o quizá sobre todo–, a las entidades existentes, en particular las mencionadas unos párrafos más atrás. La exitosa creación de la Agencia, realizada luego de un estudio en que se analizaron antecedentes internos y externos, muestra que tal esfuerzo no está más allá de la capacidad del sector, y quizá ese antecedente proporcione el coraje para hacer ahora, en el contexto favorable de la instalación de un nuevo gobierno nacional y de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que entonces y alguna otra vez se resolvió no encarar: una reforma decidida y profunda del CONICET, que lo ayude a cumplir su misión con renovada eficacia.

Innovar institucionalmente exige dedicar al tema un poco reflexión antes de proceder. También sería oportuno consultar determinados antecedentes extranjeros, como el de Nueva Zelanda, país con el que tenemos algún punto de semejanza (el caso está bien descripto en un reciente informe de la OCDE llamado Reviews of Innovation Policy: New Zealand, 2007). Algunas ideas que están en el aire se pueden tomar como punto de partida de esa reflexión, entre las que destacamos:

1. La conveniencia de que cada unidad ejecutora sea una entidad independiente, con libertad de manejar sus recursos y sus gastos, y responsabilidad sobre el cumplimiento de objetivos y la obtención de resultados.
2. El gobierno de cada entidad por un cuerpo colegiado sin función ejecutiva; y la composición mixta de esos cuerpos, de modo que puedan estar presentes en todos, por lo menos, la visión política del ministerio, la visión académica de la comunidad científica y la visión de los sectores económicos y sociales interesados en las aplicaciones. (Nótese que hablamos de la presencia de distintas visiones y evitamos deliberadamente referirnos a ‘representantes’, para indicar el importante propósito de evitar el juego de los intereses corporativos.)
3. La asignación de recursos estatales, más allá de un umbral, por sistemas competitivos adjudicados utilizando los procedimientos aceptados del juicio de los pares.
4. Un control cuidadoso de los resultados unido a gran libertad de procedimientos. En términos económicos: control del producto pero no de la función de producción o los insumos.

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