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SOBRE ÉTICA Y CIENCIA
He leído con interés el editonal del número 43, sobre la ética
en la vida académica. Nuestro sistema científico se ha visto plagado de episodios en los
cuales esta fue olvidada o, directamente, violada. Cierto número de ellos se relaciona
con una cuestión que no considera el editorial, pero cuya discusion en el ámbito
académico, a mi juicio, reviste alguna importancia. Me refiero al control ejercido por
directores de institutos o laboratorios de los lugares de trabajo de investigadores
científicamente independientes. Muchas veces, estos sólo pueden tener un sitio de
trabajo, por ejemplo, en la universidad, por gracia de los directores, quienes manejan esa
prerrogativa con criterios verdaderamente feudales, y hacen y deshacen de forma
arbitraria, hasta el punto de llegar a situaciones que más de uno habrá conocido, en las
que, por razones extra académicas, alguien es privado del acceso a su lugar de trabajo
sin siquiera recibir una explicación razonable, ni que medie notificación a las
instancias de las que depende, como el CONICET. Aunque no haya en ello conflictos de
intereses, la cuestión no deja de ser de índole ética. Si bien no se trata de abrir un
debate sobre casos individuales, creo necesario discutir los estándares mínimos de una
convivencia académica civilizada, además de considerar con mayor profundidad el cometido
del investigador en la universidad y cómo debe desempeñarse cada uno para que el sistema
científico no sólo tenga calidad sino, también, respeto por los principios éticos.
Diego Golombek
Buenos Aires
Acerca de la carta del doctor Fernández Prini publicada en el número
44, concuerdo plenamente con el ejemplo que eligió para comenzar a reflexionar sobre la
ética en la actividad investigadora. Considero que el programa de incentivos a la
investigación es un excelente terreno para poner a prueba el comportamiento ético del
colectivo académico nacional. La ética no es una dádiva divina ni una cualidad innata,
sino una construcción sociocultural humana y, como tal, pasible de ser, a su vez,
destruida. Como bien señala Fernández Prini, el comportamiento académico también es
una resultante cultural y no se resuelve con reglamentos. La implementación desigual,
según las universidades, del programa de incentivos llevó al nombrado a reflexionar
sobre el comportamiento ético de las instituciones y de sus dirigentes. En mi caso lo que
me motiva a participar del debate es su esencia. Dicho programa (al cual pertenecí y al
que renuncié cuando logré comprender cabalmente dicha esencia) no es un genuino
estímulo a la elevación de la calidad de la docencia y la investigación en la
universidad, sino un encubierto remedo de mejora salarial al personal docente. Remedo, en
tanto que la suma que se recibe (de manera irregular, en el tiempo y en valor) no
constituye otra cosa que un sueldo negro, tan caro al sistema laboral argentino, puesto
que no está sujeto a las bonificaciones y descuentos que le corresponderían si fuese
blanco. Y encubierto, porque no fue ofrecido como lo que es, una limosna graciosamente
otorgada por el tecnoburócrata de turno (hoy a cargo de la secretaría de Ciencia y
Técnica de la Nación), sino bajo el capote de la "excelencia". Esa excelencia
permitió acallar las protestas de quienes rápidamente objetaron tal mejora salarial,
puesto que nadie que aspire a pertenecer al mundillo académico nacional se opondría a
ella. Pero más grave que esto, es que la comunidad académica asumió la dádiva como un
derecho, en vez de convertirlo efectivamente en una mejora salarial stricto sensu. ¿A
qué se debe esto? La causa fundamental reside en la paupérrima situación económica en
que se ha venido desenvolviendo la actividad académica argentina. Ante la posibilidad de
una mejora económica, la gran mayoría de sus miembros callaron (callamos, me incluyo) y
aceptamos la dádiva, y con ello empieza la cuestión del comportamiento ético que
preocupa a Fernández Prini. En uno o dos meses, aparecieron investigadores universitarios
por todos lados, centenares de profesores (algunos muy buenos, otros no tanto) se
convirtieron en "investigadores". Decenas y decenas de profesores que carecían
de casi por completo de antecedentes en la investigación y de publicaciones pasaron a
dirigir equipos de pesquisa, a buscar lugares donde colocar su "producción" y a
solicitar subsidios para editar sus libros o revistas. El procedimiento fue apañado por
las propias instituciones universitarias (por sus dirigentes en política de amiguismo y
búsqueda de apoyos políticos, etc.), para no dejar fuera de una mejora económica a
quienes vienen ganando sueldos paupérrimos. Y esto ayudó a bastardear los papeles que
desempeñan los diferentes miembros de la universidad. Los docentes, porque se vieron
obligados a "investigar", cuando muchos, muchísimos, no tienen preparación
para hacerlo, ni siquiera interés. ¿Qué hay de malo en ser un excelente difusor de
ideas? ¿En ocuparse de transmitir a los alumnos, de manera adecuada y clara, lo que otros
crean? Los investigadores, porque para acceder al incentivo debían dar determinada
cantidad de horas de clase, tarea para la cual muchos no están (estamos) capacitados
adecuadamente, dado que les (nos) interesa esencialmente la investigación, la creación
de conocimiento y no su transferencia en las aulas universitarias (si bien sí a otros
ámbitos, como el tecnológico productivo). ¿Qué hay de malo en ser un investigador
universitario que sólo genera conocimiento y lo transmite por sus publicaciones, para que
otros académicos, esta vez profesores, se encarguen de retransmitirlo al alumnado? Todos
investigan, todos enseñan. Claro, ese "todos" incluye a quienes no saben
investigar y no saben (sabemos) enseñar. Pero ante la miseria salarial, ante la historia
de degradación del aparato científico-tecnológico del país, la simple posibilidad de
captar un pequeño ingreso extra hizo que el colectivo académico callara y aceptase la
dádiva encubierta. Seguramente a esto se refiere Fernández Prini cuando sostiene que la
comunidad académica tolera distorsiones porque resultan en ventajas individuales. El
programa de incentivos, a mi juicio, es una de las mayores distorsiones. Las instituciones
universitarias rompieron toda norma ética para tratar de mantener a la mayor cantidad de
sus miembros dentro del sistema de incentivos. No viene al caso enunciar la variedad de
maniobras que se inventaron para asegurarse evaluadores amigos, imaginar "proyectos
paraguas" con los cuales cubrir a la mayor cantidad posible de
"investigadores", publicar revistas o libros de circulación inexistente que
pudiesen ser incluidos en el rubro "publicaciones anuales" que forma parte del
burocrático formulario para ser llenado cada año por los "incentivados".
Fernández Prini cree que hay que rescatar o construir el espíritu
académico. Por mi parte, no considero posible rescatarlo del actual estado de desencanto,
desestructuración, abatimiento y desarticulación en el que se halla. Será necesario
construirlo, pero previamente es necesario definir un modelo de política
científico-tecnológica en el cual se articule la actividad investigadora de la
universidad. Como se sabe, la política se corresponde con un modelo de sociedad, y
aquella no puede ser construida independientemente de este. Hoy, el modelo de política
científico-tecnológica -y su expresión universitaria- es un fiel exponente del modelo
social imperante. desarticulador, fragmentario, excluyente, con una ideología
individualista que busca el resultado inmediato, incapaz de reconocer la importancia de
los costos ni, obviamente, sus repercusiones éticas. Por eso me alegra la propuesta de
debate de CIENCIA HOY, pero considero que debería extenderse algo más allá de la
relación entre ética e investigación académica. Y en este debate, entonces, los
científicos participaremos doblemente: como científicos y, sobre todo, como ciudadanos.
Marcelo G. Posada
Buenos Aires
