Acerca de los repositorios nucleares, analizados en el número 42, mandó una carta desde Barilocbe el lector Jorge Oscar Marticorena, ex miembro del directorio de la CNEA. Entre otras cosas, afirmó:

· Como bien dice E. Pérez Ferreira, el problema del repositorio es sólo parte de uno mucho más complejo: la planificación y gestión del ciclo de combustible de las centrales nucleares argentinas, sean cuantas fueren. En junio de 1992, el directorio de la CNEA me encomendó la coordinación de un estudio, realizado por profesionales de la entidad, sobre la etapa final del ciclo del combustible, que incluye el tratamiento y gestión del combustible irradiado y sus residuos. El informe, de unas 800 páginas, fue entregado en diciembre de 1993 y contiene un conjunto de certidumbres, dudas, acuerdos y desacuerdos. El ciclo en cuestión constituye un proceso integrado de producción cuyo objetivo es la provisión de combustible nuclear a las centrales nucleoeléctricas y la gestión de los residuos correspondientes. Como en todo sistema, no es posible analizar una de sus partes si no se toma debidamente en cuenta el conjunto. Por ello, el estudio realizado acerca del final del ciclo abarcó también su parte inicial, así como el parque de generación nucleoeléctrica. Quedó finalmente conformado por capítulos sobre: el estado de los planes nucleares de los principales países, en particular, en lo que se refiere a la gestión del combustible irradiado; una previsión de la demanda electronuclear en la Argentina hasta el 2020; una estimación de la cantidad de combustible irradiado que se produciría hasta el 2020 y se debería gestionar en adelante, y una descripción de las diferentes posibilidades tecnológicas de gestión del combustible irradiado (almacenamiento transitorio, repositorio, reprocesamiento, etc.). Incluyó también estimaciones de los costos de reprocesamiento y de fabricación de combustibles mixtos de uranio y plutonio en instalaciones argentinas, y un análisis, con horizonte en el 2020, de los desarrollos requeridos.El informe contiene diversas conclusiones y recomendaciones. Quizá la más importante sea que, con las hipótesis -que hoy pueden parecer optimistas-de menor crecimiento de la generación nucleoeléctrica, con las tecnologías actuales no resultan económicamente viables hasta después del 2020 el uso de uranio enriquecido de producción nacional, ni el reciclado de plutonio reprocesado en plantas propias. Si así fuese así, sería juicioso que nuestros programas de investigación y desarrollo en estos temas se estructuren de modo que puedan arribar a resultados en esa época. Pero veinte años no es nada, decía la sabiduría del tango...

En respuesta a la invitación que formuló a los lectores el editorial del número anterior (43:11), a reflexionar sobre esta importante cuestión, llegaron dos cartas cuyos principales párrafos se reproducen en lo que sigue.

· El editorial ha abierto un debate importante, que estuvo postergado en nuestro medio. La actividad académica y científica, basada en el juicio de pares, se sustenta en reglas éticas que deben ser aceptadas por la comunidad. Si ello no sucede, dicha actividad no es viable. Considero que los científicos somos en parte responsables de la situación actual, ilustrada claramente por el caso imaginario del recuadro. Es cierto que el pragmatismo y la influencia de una sociedad carente de referencias no son el mejor medio de establecer un comportamiento ético, pero, de todas maneras, es útil que los integrantes de la comunidad académica nos preguntemos qué pensamos sobre la cuestión. En las instituciones académicas argentinas, la ausencia de comportamiento ético con frecuencia se pretende cubrir con los benditos reglamentos. Los reglamentaristas procuran prever todas las posibilidades y, para ello, construyen una cerrada trama de artículos, incisos y subincisos, los que no evitan sino facilitan las situaciones irregulares, porque a la hora de aplicar la norma se da más importancia a la letra que al espíritu con que se la concibió y al sentido común, lo que debilita el sentido ético. El comportamiento académico es una resultante cultural y no se resuelve con reglamentos: leges sine moribus vanae. Un ejemplo de lo anterior, que me atrevería a clasificar de paradigmático, es el programa de incentivos del ministerio de Cultura y Educación. Mediante un reglamento puntilloso, se ha distorsionado su sentido original de promover la integración de docencia e investigación y de mejorar la calidad de ambas. Personas que realizan iguales tareas reciben incentivos distintos (o no reciben ninguno) según la caprichosa calificación que cada universidad hace de las dedicaciones, independientemente de la tarea real de cada uno. El espíritu original del programa se olvidó y este terminó convertido en una mera mejora salarial, que consigue quien puede. En esto también influye el comportamiento colectivo de la comunidad académica, que la lleva a aceptar distorsiones porque pueden resultar en ventajas individuales. Por muchos años los científicos hemos sufrido -pero aceptado- el manoseo de la dedicación exclusiva para obtener una mejora salarial coyuntural. Es necesario discernir entre una justa retribución salarial y trampitas para mejorar la situación de algunos, lo que también está relacionado con los criterios éticos. Creo que hay que rescatar, o tal vez construir, el espíritu académico. Muchas veces lo hemos visto substituido por el modo de actuar de personajes ávidos de poder que recurren al comodín del pragmatismo y a la palanca de la influencia. Por eso es importante la exhortación de CIENCIA HOY a que los científicos opinemos sobre estos temas: es una buena manera de intercambiar pareceres y establecer criterios compartidos. En definitiva, ¿cómo queremos ejercer nuestra actividad académica? ¿Con criterios de mérito, calidad y excelencia, o recurriendo al amiguismo y las influencias?

Roberto Fernández Prini
CNEA y FCEyN (UBA)

· Escribo estas reflexiones no porque tenga alguna cualidad ética que me diferencie de mis colegas sino porque, por viejo, quizá haya visto más cosas y pueda hacer comentarios de alguna utilidad. W.l.B. Beveridge, en The Art of Scientiflc Investigation (Mercury Books, Londres, 1964), dedica un capítulo a la ética de la investigación. Lo que más destaca es la importancia de dar crédito al trabajo previo de otros científicos, así como a la contribución de los colaboradores. No hace mayores comentarios sobre otros temas éticos. En nuestros pagos, además de las faltas de ética mencionadas en el editorial, hay otras que seguramente todos conocen. Cuando me tocó formar parte de la comisión asesora de química del CONICET, esta trabajaba dividida en dos secciones, correspondientes, respectivamente, a la bioquímica y al resto. Concluidos los análisis, ambas se reunían para formular el dictamen común. En cierto momento se advirtió que un grupo de candidatos presentaba antecedentes cuidadosamente robustecidos, porque los integrantes de una de las secciones exageraban la participación de sus estudiantes en tareas docentes, trabajos de investigación, etc. Es un caso de falta ética cometida con el propósito de favorecer a unas especialidades en detrimento de otras. En las universidades no faltan ejemplos de conductas éticamente criticables por parte de académicos que se valen de medios demagógicos para obtener poder. No sorprende, entonces, que la universidad solo atraiga la atención de los medios a propósito de las luchas políticas internas, y que rara vez la prensa se refiera a la labor académica. Acerca del problema matrimonial planteado en el editorial, y dejando de lado la tentación de hacer alguna broma a propósito de qué habría pasado si en un concurso se hubiesen presentado Marie y Pierre Curie -¿se debería haberle buscado a ella un director en Polonia?-, creo que el tema es serio, pero también que se entra en un terreno fangoso y es necesaria mucha prudencia. No debe olvidarse que en la actualidad hay muchas uniones informales, incluso algunas conflictivas (como las relaciones extramatrimoniales más o menos permanentes de ) que pueden llevar a zonas cercanas a la maledicencia y la calumnia. Creo que el caso planteado en el editorial no es tan dramático, aunque estoy de acuerdo en que la conducta descripta no es éticamente aceptable. Si miramos sus consecuencias prácticas, quien tenga experiencia en realizar evaluaciones sabe que una carta de recomendación, por muy conceptuosa que sea, tiene valor relativo. Sirve para confirmar que la persona existe y que trabaja en el tema; sirve para constatar si algo quedó fuera de la evaluación. Pero no mucho más. No recuerdo ningún caso en que una carta de recomendación haya definido positivamente un pedido, pero conozco por lo menos uno en que tuvo el efecto contrario (concretamente, retrasar un ascenso en la carrera del investigador). Es sin duda importante conservar los valores éticos, pero tengamos cuidado de no caer en el macartismo.

José R. Galvele,
Instituto de Tecnología
Prof. Jorge A. Sabato,
CNEA-UNSAM