Volumen 6 - Nº34 - 1996 |
Revista de Divulgación Científica y
Tecnológica de la |
EDITORIAL PARES E IMPARES |
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El
editorial del número anterior estuvo dedicado al procedimiento por el
cual, en el ámbito académico, ciertas decisiones se apoyan en la opinión
ilustrada del grupo restringido de personas que poseen los conocimientos
relevantes para el caso en cuestión. Como normalmente esas decisiones
-nombramientos en cargos profesorales y de investigación, asignación de
subsidios, publicación de trabajos, etc.- afectan a individuos que
pertenecen al mismo grupo que los calificados para evaluar el asunto, es
común decir que este fue sometido al juicio de los pares, expresión que
se remonta, por lo menos, a la Carta Magna británica de siglo XIII. También
señalamos en ese editorial la necesidad de cuidar que el proceso no
degenere y adquiera los varios vicios que lo pueden contaminar -desaliento
de la creatividad, intolerancia, arbitrariedad, clientelismo, etc.-, los
que, lejos de constituir una posibilidad hipotética, se han comprobado en
más de una ocasion. En 1918, Thorstein Veblen, una figura importante y
heterodoxa de las ciencias sociales norteamericanas, sostenía que la
universidad de su tiempo promovía publicaciones sobre todo por razones de
prestigio institucional, premiaba la mediocridad con la misma frecuencia
que el mérito y ejercía enorme presión sobre los disidentes para
que se volviesen conformistas. Por
otra parte, como lo señaló Clark Kerr, presidente de la universidad de
California durante la rebelión estudiantil de 1964 en Berkeley, conocida
como el Free Speech Movement, no hay evidencia de que exista más
moralidad en los claustros que fuera de ellos. En este editorial nos
proponemos reflexionar, no sobre las virtudes y defectos del juicio de los
pares, sino sobre su campo de aplicación. Sostendremos que, así como hay
cuestiones que sólo se resuelven de modo adecuado si se respeta el
pronunciamiento del especialista, porque se trata de asuntos eminentemente
técnicos (como el valor de un plan de trabajo de investigación o la
capacidad didáctica de un aspirante a profesor), también las hay (como
dar prioridad a determinadas disciplinas por sobre otras en el momento de
asignar recursos a la investigación o de financiar programas de enseñanza)
que no pueden encararse de esa manera, porque lo que está en juego no es
de índole técnica sino que se relaciona con objetivos o propósitos
individuales, institucionales o sociales. Si en el primer caso se trata de
asuntos a ser discutidos entre especialistas o letrados, en el segundo
estamos ante cuestiones que interesan a todos los integrantes de la
comunidad afectada, tanto los especialistas como los que no lo son, tanto
los letrados corno los legos, los pares igual que (si se nos permite el
juego de palabras) los impares. En otros términos, hay un campo propio de
la discusión y decisión técnicas y otro que pertenece a la discusión y
decisión políticas. No deben ser confundidos ni mezclados. El tema de la
presente reflexión, en realidad, excede ampliamente el ámbito académico:
puede aplicarse a cualquier institución y, sobre todo, es inevitable en
la vida pública, en todos los niveles de gobierno, porque los fines de
las politicas estatales conciernen a todo el mundo, aunque elegir los
instrumentos idóneos para alcanzarios a menudo sea asunto sólo accesible
a los técnicos. Por ejemplo, dar prioridad al transporte colectivo o al
automóvil en una política de tránsito urbano, o invertir recursos públicos
en investigación científica, medicina preventiva o un teatro de ópera,
son decisiones que atañen a todos los ciudadanos, si bien sólo los especialistas
podrán esclarecer las posibilidades y consecuencias de cada vía
alternativa y llevar a la práctica los programas respectivos. En este
editorial, sin embargo, solamente nos interesa considerar el alcance de
esta distinción en el mundo de la ciencia y la universidad, en la cual es
singularmente importante tener en cuenta la diferencia entre decisiones técnicas
y politicas, y enfatizar que sólo para las primeras es legitimo reclamar
que se aplique el juicio de los pares. Aplicarlo (o pretender hacerlo) a
las segundas puede ser consecuencia de (a) un consciente o inconsciente
corporativismo, es decir, de concebir a la comunidad académica como un
estamento o corporación que se rige por reglas distintas de las
aplicables al resto de la sociedad; o (b) cierta desconfianza en el
sistema democrático, y preferencia por la temocracia, en la que
decisiones acerca de asuntos complejos, o cuya comprensión requiere
poseer conocimientos especializados, no se confían al hombre común o
lego sino que se reservan al especialista o letrado. El corporativismo es
un resabio medieval y, como tal, está inextricablemente imbricado en la
tradición universitaria de Occidente, originada en el medioevo y
caracterizada por una rica historia de conflictos entre los claustros y el
resto de la sociedad, con abusos y legítimas reivindicaciones de ambas
partes. Tal vez el haber citado a la Carta Magna, también una institución
medieval, nacida para defender los derechos de ciertos estamentos sociales
contra el despotismo real, y otras veces invocada para salvaguardar los
privilegios de clases encumbradas, decididas a evitar que se las trate
como al ciudadano común -la canalla se hubiese dicho en el siglo
XVIII-, no ayude a discernir el cometido radicalmente distinto del juicio
de los pares en las instituciones actuales, ni a reconocer que algunas
dimensiones de la llamada autonomía universitaria en el discurso político
argentino se asemejan mas al corporativismo que a justificados reclamos de
libertad académica. La tecnocracia caracteriza a sociedades autoritarias
o paternalistas de tipo tradicional, en las que grupos competentes en
determinados campos resuelven lo que conviene a la gente o esta debe hacer
en ese campo: así, en una sociedad tecnocrática, la medicina y la salud
pública son asunto de los médicos, quienes escogen los objetivos
individuales y colectivos sin dar intervención a los pacientes o al público:
no sólo toman las decisiones técnicas, que nadie más estaría en
condiciones de adoptar, sino, también, las políticas, que en sociedades
modernas se consideran cuestiones en que deben intervenir todos los
afectados. Cabría acotar, de pasada, que una deformación opuesta al
corporativismo y la tecnocracia es el populismo: poner en manos de legos
decisiones que sólo pueden tomar los letrados, si bien ambos vicios
constituyen, a veces, dos caras de una misma moneda, como sucede cuando
los "pares" son designados por los mecanismos políticos
mediante los cuales se dirimen las luchas por el poder en la sociedad.
Tales casos, frecuentes en el medio local, tergiversan el sentido esencial
de la saludable distinción entre la esfera de los letrados y la de los
legos, entre las decisiones técnicas y las políticas.
Precisamente, por reconocerse esta distinción entre asuntos técnicos
y políticos, cobró vigencia en la universidad occidental cierta tradición
de hacer intervenir a personas ajenas a ella en ciertas determinaciones de
su gobierno. Comenzó en el siglo XIV, en Italia y Alemania, para
administrar el dinero que las autoridades civiles destinaban a pagar los
salarios de profesores de universidades -como la de Bolonia- gobernadas
por estudiantes. Pero adquirió su forma más evolucionada en los Estados
Unidos, donde el cuerpo supremo de gobierno de las universidades, tanto
públicas como privadas, suele ser un consejo no académico o cuerpo
integrado por legos (board of lay trustees), que se ocupa de la conducción
institucional superior, pero deja las decisiones técnicas en manos de los
académicos (quienes, a su vez, integran diversos cuerpos colegiados,
incluso uno superior por lo común llamado senado, senate), con los que
debe entablar sutiles negociaciones, en un clásico ejercicio anglosajón
de división del poder. La raíz moderna de este sistema de gobierno
debe buscarse en el protestantismo reformado, en particular en las
instituciones calvinistas de educación superior, por ejemplo, la Academia
de Ginebra (1559) o las universidades de Leyden (1 575) y Edimburgo
(1583). Igual que la responsabilidad última por el gobierno de otras
instituciones, corno la escuela, el municipio y la iglesia, Calvino
sostuvo que la de gobernar las universidades debía estar, no en manos de
intereses internos -como los estudiantes, en la citada Bolonia, y en las
primeras universidades escocesas (Glasgow y St. Andrews), o los
profesores, en París, Oxford y Cambridge-, sino fuera de la institución,
confiada al público y ejercida por medio de la participación
ciudadana, pues la universidad era asunto de todos y no exclusivamente de
los académicos. Esta visión calvinista pasó a las trece colonias
inglesas de América y, luego, integró el patrimonio institucional de la
república norteamericana independiente. El sistema, sin embargo, no
siempre funcionó bien. El nombrado Veblen, que percibió el peligro populista,
lo criticó ácidamente: ...la clásica locura platónica, por
la cual los filósofos conducirían los negocios, ha
sido puesta patas para arriba los hombres de negocios se han
hecho cargo de dirigir la búsqueda del conocimiento [...]
un arreglo tonto.2 Pero, sin duda, constituye una buena
manera de separar, en la práctica, las decisiones que deben someterse al
juicio de los pares de las que deben tomarse de otra manera. Por otra
parte, esta modalidad institucional no tiene antecedentes locales, por lo
que no la proponemos como modelo que habría que implantar acá sino para
enfatizar la distinción entre responsabilidades politicas, que competen a
todos, incluso a los legos, y que estos, en consecuencia, deben poder
ejercer, y responsabilidades técnicas, que deben ejercer los
especialistas, los letrados. En esos términos, la distinción es válida
entre nosotros y se refiere tanto a las características de la persona
como a su modo de actuar. Si bien en algunos casos es obvio que el lego no
podría resolver una cuestión técnica (digamos, diagnosticar una
enfermedad), en otros ello no se considera tan evidente, al punto de
que, por ejemplo, en jurados que disciernen ciertas distinciones académicas
o artísticas -asunto eminentemente técnico, si los hay, paradigmático
como ninguno de la aplicación del juicio de los pares- se constata
frecuentemente la inapropiada presencia de autoridades políticas o
empresarios patrocinantes. Del mismo modo, si un científico miembro del
Congreso participa en un debate acerca del presupuesto universitario, por
su formación y familiaridad con el tema podrá tener mejores argumentos
que un político profesional, y su presencia podrá resultar sumamente útil
para ilustrar a todos sobre los alcances y consecuencias de las decisiones
que se tomen, pero sus preferencias no pueden considerarse mejores para la
sociedad que las del político, pues no se trata de una cuestión técnica
y el científico no interviene en ella como tal sino como cualquier
ciudadano. Como se aprecia, es un tema complejo, cuya presencia en la
sociedad argentina, tanto en la teoría como en la práctica, se advierte
escasamente. Tal vez fuese hora de que eso empiece a cambiar. |
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