Garrahan: Mi propósito es referime a las normas éticas que guían la ciencia como tarea social. La investigación, que nació como una actividad solitaria de algunos, es ahora parte del esfuerzo productivo de los paises, los que le destinan recursos porque valoran sus resultados. Esos recursos, en parte importante, provienen de los contribuyentes. Señalaré normas relacionadas con la formación de investigadores, el proceder de los administradores y, finalmente, la creciente demanda de que la ciencia académica -es decir, la orientada a comprender el mundo antes que a transformarlo- se financie con fondos provenientes de las empresas. No uso el habitual término "sector productivo" porque la ciencia es una actividad tan productiva como la industria.

La formación de investigadores es parte esencial de la actividad de un científico. Para ello no existe método que pueda reemplazar la relación artesanal maestro-discipulo, la que impone algunas obligaciones que, en parte, fueron mencionadas por el doctor Paladini. El investigador maduro debe estimular la independencia y la creatividad de los más jóvenes; es inaceptable que emplee como propias, sin reconocerlas, ideas que pertenecen a estos, o promueva a mediocres porque son útiles, dado su carácter laborioso y sumiso, en violación de un principio fundamental del quehacer científico, que es el de la promoción por mérito. Reiteremos que un sistema científico sólo tendrá calidad sí reconoce y estimula el mérito. De hecho, creo que una de las razones fundamentales para preservar la libertad académica es que constituye condición necesaria para fomentar el mérito, pues impide que las acciones de promoción estén viciadas por criterios ajenos a él. En la Argentina, en mi opinión, el sistema escalafonario rígido de las instituciones de promoción de la ciencia, como el CONICET, y las normas de los concursos universitarios premian mucho más la antiguedad y el mérito pasado que el presente y el futuro. Por ejemplo, la carrera del investigador del CONICET, con sus períodos mínimos de permanencia en cada categoría, determina que nadie es reconocido como investigador independiente antes de los cuarenta años. Es así que muchos jóvenes creativos pasan buena parte de su vida científica en posiciones de sumisión a científicos mayores, y la generación intermedia -de la cual deberían proceder las energías renovadoras- tiene escasa presencia en las decisiones de las entidades rectoras de la investigación.

Otro asunto del que se derivan obligaciones éticas es cómo se asignan los recursos con los que se financia la investigación. Hay una única manera de hacerlo bien: evaluando la calidad de los proyectos mediante criterios internacionalmente aceptados. Si no se procede así, independientemente de la cantidad de dinero del que se disponga, el sistema cientifico se convertirá en mediocre y, en consecuencia, refractario al cambio. Debemos exigir a los administradores de la ciencia idoneidad, pluralismo y algo que en inglés se llama accauntability, que quizá podamos denominar en un castellano no muy ortodoxo "transparencia", el concepto de que deben ser públicamente responsables de sus actos. La idoneidad no es reemplazable por buena voluntad ni mediante asesores competentes, y la calidad cientifica no substituye la falta de pluralismo. Los administradores de la ciencia deben poner en práctica la evaluación por los pares, mediante la cual los propios científicos juzgan la actividad de sus colegas y emiten opiniones sobre las que los administradores basan sus desiciones. La evaluación por los pares también impone a quien la realiza unas obligaciones éticas importantes, vinculadas con la justicia y equidad de sus acciones. Entre ellas, quisiera menciona una, poco tenida en cuenta entre nosotros pero muy considerada en los países avanzados: la de evitar situaciones de conflicto de intereses, vale decir, abstenerse de intervenir en desiciones que, de manera directa o indirecta, puedan beneficiar o perjudicar al responsable de tomarlas. En tales casos, el interés privado, por legítimo que sea, no necesariamente coincide con el público y puede oponerse a este. Una situación de conflicto de intereses es la del evaluador que tiene amistad o enemistad con el evaluado, o puede ver afectada su actividad por el resultado de la evaluación. No se acostumbra definir normas que regulen estas situaciones conflictivas en la Argentina. En los EE.UU., por ejemplo, es común establecer que un miembro de un departamento universitario no participe en una comisión evaluadora de un proyecto de cualquier otro miembro del mismo departamento. En comunidades científicas pequeñas, como las nuestras, restricciones de este tipo resultan difíciles de cumplir, porque puede ser imposible encontrar evaluadores idóneos independientes del evaluado. Ello no es motivo suficiente para dejarlas de lado: probablemente haya que encontrar soluciones especiales, como recurrir a evaluadores extranjeros.

Creo que es un deber de los científicos exigir a los administradores de los dineros públicos y a los evaluadores que cumplan con las normas que acabo de señalar. Me atrevo a afirmar que en la Argentina muchos hacen la vista gorda, ya sea porque el asunto no los afecta de manera directa o por temor a perder los fondos que reciben. Existe, así, una implicita conformidad a que la asignación de fondos se realice de manera arbitraria. La incapacidad del sistema de desterrar los conflictos de intereses de las asignaciones de recursos públicos y la falta de transparencia de estas impiden la constitución de una comunidad científica madura.

Braun: Voy a mencionar algunos grandes temas, elegidos entre muchos, que vinculan la ética con la investigación científica. El primero se relaciona con el objeto de la investigación y las fuentes de financiamiento, que hoy son principalmente dos: el estado y la industria. En los países avanzados, aquel financia, ante todo, investigaciones relacionadas con la defensa, desde la fabricación de armamentos hasta las consecuencias de los medios de guerra químicos o bacteriológicos. La industria destina recursos al desarrollo de productos que puedan ser explotados en el mercado. Se calcula que el 80% de los fondos invertidos en investigación están vinculados con la defensa o con la industria. Por otro lado, el estado también promueve la ciencia académica y uno se debe preguntar en qué medida los intereses de la defensa o los de los negocios están determinando, directa o indirectamente, los temas de investigación.

Tradicionalmente, la investigación se orientaba por ciertos valores, que todavía, muchas veces, se presentan como si fueran los únicos que dirigen la actividad. Uno es la libertad académica, que ya fue mencionada, y que significa permitir al investigador trabajar sobre aquello que le parece relevante. No creo que la libertad pueda erigirse en el único valor. Es un requisito esencial e irrenunciable en cuanto signifique ausencia de censura y proteccion contra imposiciones o prohibiciones de determinados temas; en este sentido me parece que la libertad es irrenunciable. Pero la libertad académica no puede ser irrestricta cuando se la enfrenta con el valor bien de la humanidad.

Investigar es, hoy en día, una actividad tremendamente costosa; no es un pasatiempo sino una profesión que la comunidad considera lo suficientemente importante para destinarle medios escasos, porque espera resultados que puedan contribuir a satisfacer necesidades humanas. El problema ético que resulta de lo anterior es cómo optar entre destinar fondos a investigar temas que sean relevantes para responder a las preocupaciones del hombre común -que podríamos denominar las necesidades sociales- o a estudiar las cuestiones que interesan a la comunidad académica, las que encuadran mejor en los criterios de evaluación por los que el científico será juzgado por sus pares (y no por la sociedad). Es así que el investigador podría sólo buscar ser reconocido por aquellos y olvidar toda referencia a la sociedad, que no conoce su existencia.

Otro valor tradicional es la verdad y su servicio desinteresado: se solía proclamar que el científico está al servicio desinteresado de la verdad, una afirmación que no siempre parece aplicable en la presente organización social de la ciencia, en particular en materia de investigación relacionada con la defensa y la industria, que es secreta (o, por lo menos, privada) y para la cual la verdad es algo a ventilar en el grupo reducido de personas que pueden tener acceso a los resultados. Al científico que se ponga a reflexionar sobre cómo la sociedad debe elegir los temas cuya investigación esta dispuesta a financiar se le plantea, sin duda. un difícil problema ético.

También deseo decir dos palabras acerca de la ética de los resultados de la investigación, que se relaciona con el valor de veracidad que comenté. Si bien en el mundo contemporáneo, sobre todo en laboratorios importantes, puede no ser fácil discernir quién es autor de una investigación -un individuo, un grupo de personas, la institución-, no se pueden justificar ciertas prácticas deshonestas no del todo infrecuentes, como (y me referiré al ámbito de las humanidades, que conozco) publicar con la firma del profesor los trabajos de licenciatura u otras monografías de los alumnos. Hacerse pasar por el autor o coautor de algo que no es propio, porque se tiene autoridad, es una falta muy seria.

La veracidad de los resultados de las investigaciones constituye un asunto de no poca trascendencia. Uno podría preguntarse si el científico está verdaderamente dispuesto, como en los juramentos de los testigos que aparecen por televisión en tantos juicios orales de ficción, a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Publica toda la verdad o sólo aquella parte que le permitiría seguir recibiendo recursos y seguir investigando? Relacionado con lo dicho está la propiedad intelectual de los resultados y la ética de utilizarlos para fines privados por parte de algunos de los posibles propietarios; particularmente delicado es el patentar investigaciones financiadas con dineros públicos, pues podría constituir una apropiación privada de un bien público.

En ciertos casos es muy difícil evitar el conflicto que se suscita entre querer patentar un descubrimiento y guiarse por el servicio desinteresado a la verdad para el bien de la humanidad; tal dilema se presentó con motivo del proyecto de relevamiento del genoma humano. Desde el momento en que se tomó conciencia de que la investigación científica confiere poder -porque, como dijo Francis Bacon hace cuatro siglos, saber es poder- se hizo imposible desligarse del uso de los resultados de ella. Y cierto tipo de investigaciones vinculadas con la defensa hacen muy difícil seguir pensando que se trata de buscar la verdad, e ignorar el propósito al que la que están destinadas.

No debe olvidarse, tampoco, la dimensión ética de la asignación de fondos a la investigación, que resulta perceptibIe si se piensa en los usos alternativos del dinero y se los relaciona con el concepto de justicia distributiva. En los últimos años, la bioética ha puesto de relieve la importancia de los conceptos éticos en la asignación de recursos pero, en la Argentina, ni el presupuesto público para salud, ni el correspondiente a ciencia y tecnología tienen en cuenta tales consideraciones. Uno podría preguntarse por qué se consideran necesarios comités de ética en los hospitales y no en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el CONICET, el INTI, el INTA o la CNEA. La asignación de recursos no es simplemente una cuestión técnica; su lado ético se vincula con los temas que se resuelve investigar y con los valores asociados a esos temas.

Las relaciones entre la ciencia y la ética son particularmente delicadas cuando se trata de la investigación en seres humanos y, después de las experiencias realizadas por médicos en los campos de concentración nazis, se intentó poner límites a lo que es permisible en ese aspecto. Para ello, se elaboraron criterios claros que han sido objeto de diversas declaraciones en foros internacionales. Pero determinadas prácticas condenables no fueron patrimonio exclusivo de los campos de concentración, sino que se hicieron en otros lugares, por ejemplo, en prisiones, y se conocen testimonios de experimentos realizados con personas que, a veces, ni siquiera sabían que eran objeto de estudio. Por eso, como procedimiento que aumente las garantías, señalo la necesidad de diseñar protocolos de investigación que sean sometidos no sólo a un comité científico, que evalúe y apruebe el proyecto, sino, también, a un comité de ética; luego, es necesario obtener el consentimiento informado de los pacientes. Tal es el procedimiento estatuido, pero no creo que muchos hospitales en la Argentina hagan investigación clínica siguiéndolo.

Finkielman: Está abierta la discusión. Se invita a los asistentes a participar con comentarios y preguntas.

Con relación a la investigación, creo que hemos ido cayendo en vicios paralelos a la degradación que viene sufriendo la estructura social argentina; nos tomamos licencias que hace unos años no nos permitíamos, porque el clima general de la sociedad es permisivo y no alienta el rigor, y no hemos sabido resistir su influencia. Además, como el sueldo no alcanza, toleramos irregularidades, admitimos ascensos a modo de compensación y no reaccionamos ante la aceptación, por parte de la universidad, de estudiantes que no reúnen los requisitos para entrar o permanecer en ella o ante el nombramiento de profesores que en ningún sistema universitario organizado serian tales. De ahí que vivimos en un mundo de falsedad, a veces por razones económicas y otras, políticas. La designación con propósitos políticos, en lugar de académicos, de jurados o comisiones evaluadoras, por ejemplo, es un grave error y una de las peores perversiones que se pueden cometer. Sin embargo, temo que debemos considerarla práctica corriente.

Garrahan: Haré un comentario sobre lo último, sobre cómo se evalúa. Crecientemente se está utilizando un invento de una empresa comercial de Philadephia, el Institute of Scientific Information, que posee una base de datos en la cual se puede contar el número de artículos publicados por un científico en las principales revistas de circulación internacional y la cantidad de veces que son citados por autores de otros artículos en revistas similares. Esta numerología de sabor babilónico dio lugar a lo que sus cultores pretenden convertir en una nueva disciplina científica, denominada cienciometría o bibliometría, cuya aplicación no crítica puede generar la ilusión de que se está evaluando con métodos objetivos. Escuché comentar a John Maddock, el editor de Nature, que con la cienciometría se corre el peligro de creer que trabajamos con realidades cuando sólo estamos jugando con números mediante operaciones simples como comparar, definir mayor que, menor que, etc. Si este es el criterio actual de evaluación, vamos mal; conviene recordar la vieja frase de Oscar Varsawsky: el número de trabajos, por sí solo, es índice de laboriosidad y no de creatividad.

También, me resulta poco realista la distinción entre científicos virtuosos y políticos corruptos. Los que conocemos la historía del CONICET advertimos que científicos destacados, al adquirir responsabilidades de gestión, se comportan igual o peor que los políticos que queremos expulsar de nuestro paraíso incorrupto. El propio directorio actual de ese organismo, que integran dos investigadores de la máxima categoría del área biomédica, reincorporó en la categoría de investigador principal, sin dar los pasos de evaluación y consulta con los pares que deberían esperarse en un organismo minimamente competente y democrático, a una figura acerca de la cual existen serias dudas, tanto científicas como morales, relacionadas con su actuación en materia de la crotoxina.