La campaña electoral, justamente, proporcionó otro ejemplo de la dimensión de esa distancia: ni los candidatos, ni los comentaristas, ni la prensa, ni -en fin- los mismos votantes manifestaron interés por plantear y discutir públicamente cuestiones relacionadas con la educación y la ciencia. Sin embargo, ambos temas reclamaban en esos mismos momentos la atención de la gente.

En el caso de la educación, miembros de la jerarquía eclesiástica cuestionaron los contenidos básicos comunes de la enseñanza obligatoria que está elaborando el ministerio de Cultura y Educación, y agrupaciones estudiantiles vinculadas con partidos políticos opositores repudiaron el proyecto oficial de ley universitaria. Ni los argumentos ni el estilo de estos reclamos parecen estar a la altura de lo que sería de esperar en una sociedad pluralista e ilustrada próxima a ingresar en el tercer mi-lenio, en la que importa evitar los peligros del dogmatismo y la intolerancia, promover el debate abierto, examinar nuevas ideas, fomentar el espíritu critico y favorecer la libre difusión del pensamiento.

En lo que se refiere a la ciencia, no despertó mayor reacción el anuncio de recortes en el presupuesto oficial respectivo, hecho que coincidió, curiosamente, con la utilización de una suma no despreciable de este para publicar en el número de abril último del prestigioso Scientiflc American, un aviso de veintisiete páginas que describió en términos propagandísticos el estado de la ciencia y de las universidades argentinas, e incluyó una fantástica afirmación del ex asesor de la SECyT Alberto C. Taquini (h) de que, en estos tiempos de comunicaciones electrónicas, preocuparse por la fuga de cerebros es una tonta muestra de un nacionalismo pasado de moda. Tal aseveración ofende a los numerosos científicos que se vieron obligados a emigrar (a veces para proteger sus vidas) y a los muchos jóvenes que desean regresar pero no pueden hacerlo; cae, por otra parte, en la tecnolatría de considerar que los medios electrónicos de comunicación pueden reemplazar la presencia cotidiana de un maestro, y omite, de paso, considerar las dificultades burocráticas que encuentran nuestros científicos para incorporarse a los sistemas de comunicación electrónica global.

Los voceros del gobierno reelecto, incluso el propio presidente, han afirmado que se inicia un período en el que se consolidará la modernización del país. Parecen ignorar que este proceso no será posible sin una profunda reforma de nuestras instituciones científicas y académicas, que -en su estado actual- padecen de una combinación de conducciones poco idóneas, dificultades económicas y confusión de propósitos. Con excepciones, están gobernadas por una nomenklatura escasamente afin con la vida académica, que actúa por alianzas ocasionales y oportunistas con científicos individuales y sigue procedimientos de política partidista o de simple clientelismo, que poco tienen que hacer en el mundo científico y universitario. La comunidad académica, mientras tanto, permanece marginada y -por sus desiguales preparación y rendimiento, así como por su falta de hábitos participativos sin capacidad de reacción. También constituye señal elocuente del estilo inapropiado de gobierno padecido por numerosas instituciones del sector que, en un momento de vigencia plena del orden institucional, las conduzcan, las más de las veces autoritariamente o por procedimientos que no se hacen públicos, personas o grupos considerados ajenos a la comunidad académica por los integrantes de esta -aunque cumplan con los requisitos formales- o que actúan al servicio de facciones sectarias de ella.

Ejemplo de este estado de cosas es el actual CONICET del que el secretario de Ciencia y Tecnología es, ex officio, presidente, lo cual constituye una confusión de las funciones de un organismo esencialmente técnico con las de otro político, como la SECyT. El primero sólo podrá promover con eficiencia la investigación cuando sea independiente del poder político y responsable de sus acciones ante los científicos y la ciudadanía. La falta de tales características ha llevado al actual desprestigio del CONICET al que también contribuye su situación financiera, con un presupuesto para 1995 de 188 millones de pesos, dieciocho menos que en 1994, destinado en su mayor parte por una secuencia de malas decisiones a gastos de personal y de mantenimiento de instalaciones, sin previsiones para incorporar nuevos investigadores o recursos para financiar gastos de investigación. Se ha llegado así al despropósito de que los dineros de los contribuyentes son consumidos para mantener una entidad incapaz de cumplir las funciones para las que fue creada y de proporcionar a la comunidad los servicios que justifican su existencia.

El recurrente mito nacional de que algún don innato permite a los argentinos descollar, independientemente de su esfuerzo y de las dificultades institucionales, aparece desmentido por los hechos. La Asociación Física Argentina ha hecho ver que la producción de ciencia del país está estancada en niveles similares a los de hace diez años, mientras la brasileña se ha duplicado en el mismo período y la mexicana, que hace una década era un 40% de la de acá, hoy es comparable con ella. En revistas científicas de circulación internacional se registran anualmente unos dos mil artículos escritos en la Argentina, un bajo rendimiento si se recuerda que entre los que reciben remuneraciones del estado para investigar se cuentan 9300 docentes universitarios con dedicación exclusiva (5400 profesores y 3900 auxiliares), 3000 investigadores y 2000 becarios del CONICET (aunque haya quienes fueron contados dos veces, porque revistan tanto en este como en la universidad), y los investigadores de la CNEA, el INTA, el INTI, etc.

Es difícil que en un sistema poco productivo y en el no hay acuerdo sobre los criterios de calidad se promover el mérito, condición necesaria para el avance de la ciencia y de la educación superior. En la mayoría de nuestras instituciones académicas, se juzga el mérito mediante cálculos automáticos de la antigüedad y el rendimiento pasado, lo cual obstruye el ascenso de de investigadores jóvenes y los obliga a pasar la parte más creativa de su vida subordinados a científicos que han superado, la edad más productiva. Como resultado (entre otras causas), la generación intermedia está poco representada en los planteles actuales y su participación en las decisiones institucionales es escasa. La gerontocracia se ha acentuado en los últimos años, porque los ajustes presupuestarios han contribuido adicionalmente a cerrar las vías de incorporación a los investigadores más jóvenes. En muchas ocasiones hemos señalado desde estas páginas que la ciencia y la educación superior no sólo son valiosas por sí mismas sino que constituyen un recurso indispensable para insertar al país en la economía global. En su edición del 20 al 27 de mayo últimos, el semanario británico The Economist comentó la reelección del presidente Menem. Señaló que sus promesas de pulverizar el desempleo no podrán cumplirse si no se corrige la baja productividad del país con relación a otras economias emergentes, en particular las asiáticas. Advirtió que las privatizaciones y la apertura al capital extranjero enmascararon, en el inicio de los años noventa, los serios problemas fiscales de la América latina y que muchas reformas microeconómicas e institucionales está aún pendientes, como también lo expresó Enrique lglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo: no nos preocupemos por reformar el estado [...] en la mayor parte de América latina todavia estamos creando el estado. Esta creación del estado, sin duda aplicable a la Argentina, no es otra cosa que asignar a este las funciones que debe cumplir en una sociedad moderna y lograr que lo haga con eficacia y libre de las lacras de la corrupción. Una de ellas es definir unas políticas creativas pero realistas para la ciencia y la educación, que no sean operaciones de relaciones públicas ni ilusiones voluntarista y que apunten a superar los vicios señalados. Sólo así podrá satisfacer el legítimo deseo de realización personal de los científicos y poner su capacidad al servicio del bien común.