Sería deseable que, como resultado de nuestra discusión, se sacudiera el estado de inercia que embarga a los organismos del estado encargados de velar por la conservación del patrimonio cultural, a las instituciones que ponen ese patrimonio a la disposición del público y a los mismos usuarios de los servicios proporcionados por estas, quienes -salvo voces aisladas- hasta ahora no han exteriorizado excesiva inquietud por la grave situación de repositorios documentales y otros bienes culturales, un material crucial para la historia y en general, la cultura del país.

Como integrantes de mesa hemos elegido reunir no sólo a colegas historiadores o académicos del mundo social, sino también a una archivista, Susana Martínez, presidente de la Asociación Bonaerense de Archiveros: a un conservador de papel, Eduardo Oliver; que enseña patología y restauración de libros en la universidad del Museo Social Argentino: a Luis Priamo, investigador y divulgador de la historia de la fotografía; a Jorge Gelman, historiador; profesor de la facultad de Filosofía y Letras y miembro del instituto Ravignani, y a Eugenio Rom, director del Archivo General de la Nación. Agradecemos la presencia de todos los nombrados.

Susana Martinez:
Me parece conveniente señalar; desde el comienzo, que el asunto que nos convoca, la crítica situación del AGN, no configura una excepción en la realidad archivística del país. El AGN sólo se destaca por ser el mayor repositorio argentino de patrimonio documental. La situación general puede caracterizarse por la completa ausencia de una política archivística, cuyo indispensable diseño y puesta en marcha requerirían considerar dos aspectos: el valor primario o administrativo de los documentos, y su valor secundario o histórico. El primero tiene que ver con la función documental, que interesa a cualquier institución, tanto pública como privada, si bien ni en unas ni en otras suele contemplarse y reglamentarse la producción y la gestión de los documentos. El segundo, el archivo de documentos para propósitos históricos, se refiere a dónde depositar documentación que cumplió su función administrativa y se convierte en relevante como fuente de estudios históricos, sociológicos, etc., material que los investigadores pueden requerir muchos años después.

Una ley nacional de archivos beneficiaría tanto al usuario como al estado: ambos ahorrarían tiempo y dinero, y sabrían que sus derechos y obligaciones, también en este aspecto, se hallan legalmente establecidos. Por otro lado, si no cuidamos la documentación en su origen, jamás vamos a tener archivos históricos bien dotados de material. No soy investigadora, pero sé que el AGN no escapa a la realidad de los archivos provinciales, en los que no se encuentran series documentales completas escritas o fotográficas- que provengan de la administración pública. Tampoco de empresas privadas. Y aunque en el AGN haya personal competente, resulta escaso para manejar el archivo intermedio, que es de gran complejidad.

La operación de un sistema nacional de archivos -lo mismo que uno provincial o municipal- requiere que los gobiernos se ajusten a ciertas exigencias de las formas democráticas; por ejemplo, que no desaparezcan los expedientes, y que se determinen las condiciones de destrucción o conservación permanente de los documentos. Actualmente, con excepción del material incluido en las denominadas tablas de conservación, todo se destruye una vez concluído el respectivo trámite administrativo o legal, sin que se tenga en cuenta su valor secundario. Tampoco hay garantías en cuanto al valor de lo que se salva: las tablas de conservación deberían resultar del trabajo interdisciplinario, no del solo criterio de los archiveros, pues las necesidades de los investigadores deben considerarse definitorias del valor secundario de los documentos.