Volumen 15 - Nº 88
Agosto-Setiembre 2005

A fines de la década del cuarenta, el presidente Juan Domingo Perón puso al frente del recientemente creado programa nuclear al físico austríaco Ronald Richter con el objetivo de lograr en tan solo dos años (1950-1952) la fusión nuclear controlada. El Proyecto Huemul (llamado así por la ubicación del laboratorio de Richter en la isla del mismo nombre en el lago Nahuel Huapí, frente a la ciudad de Bariloche) fue proclamado un rotundo fracaso en 1952, luego de que una comisión de la que formaba parte José Antonio Balseiro inspeccionara las instalaciones y analizara lo realizado.

Lejos de anular el desarrollo posterior de un proyecto nuclear del estado argentino, este primer traspié sirvió para estimular una estrategia de largo plazo que llevó en lo inmediato a la creación del Instituto de Física de Bariloche, hoy Instituto Balseiro. Se sacaron dos conclusiones del fiasco de Richter. En primer lugar, el desarrollo de recursos humanos locales sería clave para sostener cualquier proyecto de desarrollo nuclear nacional, aun cuando en algunos casos fuera necesario inicialmente adquirir la tecnología de países más desarrollados. En consecuencia, la incipiente Comisión Nacional de Energía Atómica creó dicho instituto de física, cuya dirección confió a Balseiro, con el objetivo principal de dar capacitación avanzada en temas nucleares y reducir, en el futuro, la dependencia de expertos extranjeros. Una segunda lección que dejó el affaire Richter fue que el área nuclear debía mantenerse ajena a los altibajos de la política nacional. Al erigirse el Instituto (y luego el Centro Atómico Bariloche) en la ciudad andina, utilizando las instalaciones dejadas vacantes por la cancelación del Proyecto Huemul, se aseguraba que el estudio de la energía nuclear se mantuviera alejado de Buenos Aires, que en aquel entonces era aún más que hoy, el centro de poder de la Argentina.

La estabilidad institucional a lo largo de los años, a pesar de los grandes cambios políticos del país, no fue privativa del Instituto Balseiro sino, en lo esencial, propia de la CNEA, que desde sus comienzos se constituyó como una excepción a la regla burocrática de la Argentina, en donde los gobiernos de turno o, incluso, facciones del grupo gobernante, frecuentemente manipulaban y cooptaban las instituciones estatales. A diferencia de otras instituciones nacionales, la CNEA mantuvo una relativa coherencia burocrática, caracterizada por una baja rotación en sus cargos jerárquicos. Durante el gobierno de Perón, por ejemplo, la CNEA fue una de las pocas instituciones estatales que no requería (tácita o expresamente) que su personal estuviera afiliado al Partido Justicialista. A lo largo de los años turbulentos de la política argentina, cuando la persecución de opositores políticos era una política de estado, la CNEA se mantuvo relativamente estable y aislada.

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