Volumen 1 - Nº 1 - Diciembre/ Enero 1989

Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy

 

ABORTO

Silvina Ramos

Centro de Estudios de Estado y Sociedad

El tema de la legitimidad del control voluntario de los nacimientos y de los embarazos y de los métodos para llevarlo a cabo, esencialmente la anticoncepción y el aborto inducido, despierta de antemano controversias de toda índole. Pero, por encima de consideraciones éticas, filosóficas y religiosas, o de las connotaciones emocionales que convoca, la práctica del aborto es un episodio vinculado con la salud de la población. Es necesario caracterizar el aborto como fenómeno social e indagar acerca de cuánto, cuándo, cómo y por qué las mujeres recurren a él. Y asumir, además, el desafío asistencial que involucra su incorporación a la agenda de la salud pública.

El aborto inducido es una de las formas más antiguas de regulación de la fecundidad y, por cierto, la más controvertida en la actualidad. Hasta la aparición en escena de la inseminación in vitro ningún otro procedimiento quirúrgico de carácter voluntario produjo anteriormente el debate que ha producido el aborto, generó tanta controversia emocional y moral, y recibió tanta atención por parte de los responsables de la salud pública y de los defensores de los derechos y del bienestar de las mujeres.

Si bien el recurso del aborto y sus prácticas son conocidas desde muy antiguo en la mayoría de las sociedades -casi siempre transmitidas en forma clandestina- la innovación que plantea la reciente polémica consiste en que discute su utilización libre y legítima cuando el embarazo ha sido involuntario o cuando se prevén ciertos peligros en su continuación. En el presente, diferentes discursos ideológicos se disputan el derecho a definir y calificar la naturaleza del aborto: los movimientos feministas, los movimientos pro y anti aborto, la Iglesia y la Ley entre otros. Más allá de sus diferentes posiciones, estos discursos han contribuido a "secularizar'' el tema: la interrupción voluntaria del embarazo ha dejado de ser un tema de competencia exclusiva de la conciencia individual para delinearse como tema de salud pública, de derecho liberal o de política social de bienestar.

Desde el punto de vista legal, y visto en perspectiva histórica, se ha producido en la legislación, en las pasadas décadas, una verdadera revolución. En 1954 el aborto era ilegal en todos los países del mundo, excepto en Islandia, Dinamarca, Suecia y Japón. En los 30 años que siguieron, más de 30 paises, incluyendo algunos de los más populosos del mundo subdesarrollado como China e India, modificaron sus leyes restrictivas para permitirlo bajo el requerimiento de la mujer o debido a una amplia gama de indicaciones sociales.

Paralelamente a este proceso de "puesta en escena" del aborto, de construcción de una polémica acerca de su legitimidad y de cambios en las legislaciones sobre el tema, ocurrieron otros procesos relacionados con estos fenómenos. Desde comienzos de la década de los sesenta, la difusión de los anticonceptivos modernos (píldora y DIU) ha sido continua y ha atravesado fronteras geográficas y sociales. Un poco más adelante en el tiempo, las técnicas abortivas comenzaron a ser mejoradas: la dilatación y curetaje ha sido paulatinamente reemplazada por la técnica de aspiración. En el presente, la realización de un aborto no compromete necesariamente la vida, ni la.salud, ni la fertilidad futura de la mujer.

Estos dos procesos fueron en diferente medida responsables de descensos en las tasas de fecundidad en el mundo entero. Los programas de planificación familiar públicos y privados llevados adelante en la mayor parte del mundo subdesarrollado favorecieron un clima de aceptabilidad y accesibilidad a métodos de regulación de la fecundidad eficaces. América latina no escapó a esta tendencia, y desde comienzos de los años sesenta comenzó a mostrar descensos en sus tasas de fecundidad.

Algunos estudios señalan como principal responsable de la persistente declinación de la fecundidad en esta región a la difusión de las prácticas anticonceptivas, y conjeturan -dada la precariedad de la información disponible- que el aborto inducido debe haber jugado un papel importante.

La Encuesta Mundial de Fecundidad en los años ochenta obtuvo escasa información en América latina, en buena medida debido a la negativa de algunos gobiernos de la región a aplicar el módulo de la encuesta especialmente destinado a relevar información sobre prácticas abortivas. A pesar de ello, la evidencia recogida sugirió que en todos los países del subcontinente, mujeres de diferente posición en la estructura social recurren al aborto a pesar de los códigos penales, las sanciones religiosas y los graves peligros para la salud personal. Conviene aquí señalar algunas cuestiones. En primer lugar, en todos los países de América latina el aborto es considerado un delito penal, por lo tanto se halla absolutamente prohibido, salvo en algunas legislaciones para las cuales las situaciones de violación, incesto o grave peligro para la vida de la mujer justifican la demanda de un aborto legal. En segundo lugar, y dado precisamente este encuadre jurídico, todos los abortos en América latina son ilegales y por lo tanto, clandestinos. Los efectos que trae aparejada esta situación para la pobla ción femenina son obvios: la mayor parte de los abortos realizados en nuestros países no guardan condiciones mínimas de asepsia e higiene, y ponen en peligro la salud y la vida de las mujeres. Los abortos incompletos son el diagnóstico más común cuando las mujeres son admitidas en los hospitales públicos, con fuertes hemorragias e infecciones post aborto, causadas por la retención de restos de placenta o por alguna lesión producida en el cuerpo uterino. En América latina los abortos ilegales están asociados a altas tasas de mortalidad materna, las que con fuertes variaciones entre países se ubican entre un 60 y un 270 por 100.000 nacidos vivos.

Desde el punto de vista demográfico nuestro país es en buena medida diferente del resto de América latina: la natalidad comenzó a descender a fines del siglo pasado, y el ritmo de ese descenso se aceleró a partir de la primera década del siglo XX. Este singular comportamiento de la fecundidad nos anima a conjeturar que la población argentina ha recurrido al uso de algunos métodos para regular los nacimientos desde épocas tempranas.

En la Argentina el binomio anticoncepción-aborto ha sido, con diferentes matices pero sin distinción de regímenes políticos, sistemáticamente excluido como preocupación de las políticas sociales y de las estadísticas oficiales. La actitud del Estado ha sido a este respecto más de omisión que de acción, y sus contadas intervenciones directas se orientaron a desarticular iniciativas privadas de difusión y cobertura de asistencia anticonceptiva.

Por último, desde el punto de vista legal, nuestro país sostiene una legislación de carácter restrictivo. El Código Penal argentino se refiere al aborto como un delito contra la vida y contra la persona, y penaliza tanto al tercero que lo provoca como a la mujer que se provoca a si misma o que se deja asistir. A pesar de la contemplación de algunas causas que lo despenalizan, el proceso de obtener un aborto "legal" es muy dificultoso en la Argentina, y las justificaciones precisadas en la legislación no constituyen una opción real y efectiva para las mujeres.

Con la intención de conocer y comprender las modalidades del comportamiento reproductivo de las mujeres de sectores populares, encaramos en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) con Juan José Llovet una investigación sobre una muestra de 121 mujeres con dos o tres hijos seleccionadas de los registros de historias clínicas de dos servicios de salud (uno público y otro de la seguridad social) que atienden la demanda de este sector social. Dada la problemática enfocada, el aborto fue obviamente una de nuestras preocupaciones. Lo que exponemos a continuación son algunos de los resultados obtenidos en dicha investigación. Si bien nuestro trabajo no responde a los lineamientos característicos de un estudio con intenciones de representatividad, el diseño muestral respondió a criterios que condensan paradigmáticamente los atributos propios de los sectores populares.


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